En una sesión marcada por testimonios desgarradores, la Comisión de Seguridad del Senado acordó por unanimidad solicitar al Ejecutivo la discusión inmediata del proyecto que crea la Defensoría de las Víctimas, actualmente en la Comisión de Hacienda del Senado. A su vez, se destacó la urgencia de aprobar esta semana la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
El senador José Miguel Durana, presidente de la Comisión, señaló que “hemos escuchado testimonios profundamente conmovedores de padres que han perdido a sus hijos y que ven con impotencia cómo el trabajo del Estado, de las policías y del Ministerio Público se cumple, pero al momento de llegar a la sanción judicial, lamentablemente, hay una grave falencia: los victimarios, en el corto plazo, vuelven a estar en la calle”.
“Tenemos que dejar atrás un sistema judicial excesivamente garantista. También deben aprobarse las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, porque quienes asesinan a otras personas difícilmente logran reinsertarse en la sociedad”, agregó el parlamentario.
Por su parte, el diputado Andrés Longton fue enfático: “El presidente hizo un compromiso en la Cuenta Pública: que la Defensoría de las Víctimas por fin iba a ver la luz, por lo que le exigimos al mandatario que le ponga discusión inmediata, para que deje de existir una situación tan absurda que es que los acusados de un delito tienen a alguien que los defienda y las víctimas, sobre todo de delitos violentos, no. Es fundamental que el Estado se ponga del lado de las víctimas que hoy están desamparadas”.
Asimismo, agregó que: “Mañana se vota en la sala de la Cámara la Reforma Penal Adolescente, proyecto que hemos impulsado con fuerza, esperamos que cuente con los votos necesarios para que sea aprobada. Hacemos un llamado a todos los parlamentarios para que se cuadren con las víctimas”.
Desde el movimiento No Más Víctimas, su vocero José Miguel González, quien ha acompañado a decenas de familias, advirtió que “nos hemos reunido con cada uno de los poderes del Estado, con la subsecretaría también, y les hemos hecho ver que estos son testimonios de carne y hueso. No puede seguir existiendo un sistema que da garantías a los victimarios pero no a las víctimas. La defensoría es un mínimo elemental de justicia”.
González también llamó a aprobar la modificación a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente: “No puede ser que por un delito tan grave como matar a un menor de edad, solo se reciba un techo de 10 años. Agradecemos el respaldo del diputado Longton, porque necesitamos endurecer las penas para delitos que son, en la práctica, cometidos por adultos”.
Raúl Moya, padre de Tamara Moya —niña de cinco años asesinada en una encerrona en 2021— expresó con crudeza la frustración de las víctimas: “¿Cuál es el límite? ¿Que un menor de 17 años solo pueda estar condenado a 10 años? Yo no lo entiendo (…) Si ustedes me dejaran con ese tipo que yo sé que va a salir pronto, no le doy más de dos minutos de vida. Y si me tengo que morir con él, me muero con él. Y ese era el criterio que primaba prácticamente durante toda la humanidad”.
“Hace tiempo la sociedad entregó al Estado el poder de hacer justicia de forma civilizada, pero con el marco legal actual, toda esa civilidad va a favor del victimario. He leído sentencias donde se dice que la función de la justicia no es castigar, sino reinsertar. Cuando se elimina el castigo de la justicia, no hay justicia para nadie”, remató Moya.
