La Sala:
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
La Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (boletín 8938).
La nueva Secretaría de Estado se encargará del diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del país en toda su diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos indígenas, la diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley.
El nuevo ministerio estará dividido, a su vez, en la Subsecretaría de las Artes y las Culturas; la Subsecretaría del Patrimonio Cultural; las Secretarías Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y sus consejos regionales.
Dentro de las modificaciones introducidas por el Senado y que la Cámara ratificó, está el límite de algunas de las atribuciones del Ministerio al eliminar el deber de este de contribuir a la protección, rescate, conservación, restauración y adquisición en materia de patrimonio. Solo mantuvo el deber de reconocimiento y salvaguarda, como conceptos generales.
Además, se modificó la estructura del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dejando abierta la opción de desconcentración territorial. Por otra parte, se institucionalizó la creación de un Consejo Asesor de Pueblos Indígenas, que se planteaba originalmente como una instancia transitoria en tanto se constituyera el Consejo de Pueblos Indígenas.
Resoluciones aprobadas
Asimismo, los diputados aprobaron 2 resoluciones que solicitan a la Presidenta de la República:
Nº 908: Incluir a los estudiantes con autismo y síndrome de Asperger en la entrega, sin requisitos, de computadores del Programa «Yo elijo mi PC.»
Nº 910: Condenar la ocupación israelí del territorio de Palestina, reafirmando que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del Derecho Internacional.
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