Unánime respaldo de la Cámara para la reconstrucción de la región de Valparaíso

22 abril, 2024

135 personas fallecidas; más de 11,3 hectáreas y 8.188 hogares destruidos, con más de 21 mil damnificados. Ese es el saldo del megaincendio que afectó, en febrero de este año, a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, comunas que ahora se verán beneficiadas con un plan de reconstrucción cuyos lineamientos generales y montos aprobó la Sala de la Cámara en forma unánime.

El proyecto (boletín 16704), enviado a segundo trámite, se presentó a través del informe de la Comisión de Hacienda, que rindió el diputado Jaime Sáez (RD).

El texto, en lo principal, crea el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios. Su objetivo es solventar todo tipo de gastos para enfrentar los efectos y necesidades causadas por los incendios en las citadas ciudades de la región de Valparaíso.

La propuesta determina que el citado Fondo se extinguirá de pleno derecho el 31 de diciembre de 2026. O, en su defecto, cuando se produzca el completo agotamiento de sus recursos. Se espera financiar los siguientes ítems:

  • Reposición y construcción de viviendas.
  • Intervenciones, proyectos y acciones de inversión para la habilitación, desarrollo, equipamiento, urbanización y arborización de espacios de uso público.
  • Subsidios de fomento productivo.
  • Subsidios laborales, para personas que pierdan o corran un grave riesgo de perder su fuente laboral.
  • Acciones y prestaciones de apoyo psico-social para personas afectadas.
  • Reposición, reconstrucción y habilitación de infraestructura pública dañada.

Estos gastos se podrán ejecutar a través de programas creados para este efecto en las Leyes de Presupuestos de los años 2024, 2025 y 2026. También mediante decretos o leyes específicas para esos programas. Incluyen acciones ejecutadas a través de municipalidades y personas jurídicas sin fines de lucro.

En todo caso, se establece que las acciones implementadas o financiadas con cargo al Fondo no se extenderán por más tiempo que el de la existencia del Fondo. La salvedad estará dada en proyectos de inversión identificados con anterioridad a la extinción del Fondo.

Financiamiento de la reconstrucción

Ministras

El Fondo se financiará con los aportes provenientes de activos disponibles del Tesoro Público. Su administración estará a cargo del Ministerio de Hacienda, cartera que deberá informar a las comisiones de Presupuestos y de Hacienda del Congreso sobre los avances en la ejecución de los recursos, detallando las medidas financiadas, montos asignados y objetivos, entre otros puntos.

Según lo explicado por el Ejecutivo durante el trámite, el plan está pensado a cinco años y tendrá un costo total de un billón 32 mil millones. El 91% de los dineros se destinarán al eje habitacional y a entorno urbano.

La propuesta contempla que, entre este año y el 2026, se cuente con 840 mil millones de pesos: 640 mil provenientes de un nuevo impuesto y 200 mil de reasignaciones presupuestarias.

El impuesto sustitutivo de impuestos finales que se introduce en esta ley se dirige a contribuyentes sujetos al impuesto de primera categoría. Permite acoger a este impuesto las utilidades anotadas en el registro de rentas afectas a impuestos (RAI) a contar del 1 de enero del 2017. Aquí se incluyen las utilidades acumuladas en el fondo de utilidades tributables (FUT) al 31 de diciembre de 2016.

Con la declaración y pago del impuesto sustitutivo, se entenderá cumplida totalmente la tributación del impuesto a la renta de las utilidades acogidas.

El proyecto, igualmente, modifica la Ley de Rentas Municipales. Permite a las municipalidades rebajar o excepcionalmente eximir del pago de derechos municipales a las subdivisiones de terrenos fiscales que se requieran para ejecutar los proyectos del Plan de Emergencia Habitacional.

Incluye a aquellos proyectos destinados a la reposición y construcción de viviendas, equipamiento, proyectos de urbanización y otros relacionados con la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios que afectaron la región.

Demora en ayuda y reconstrucción

Mesa de la Cámara

En el debate participaron Francisco Undurraga (Evop), Marisela Santibáñez (IND), Johannes Kaiser (IND), Jorge Brito (RD), Andrés Celis (RN), Tomás Lagomarsino (PL), Luis Alberto Cuello (PC), Andrés Jouannet (AMA), Luis Sánchez (PREP), Diego Ibáñez (PCS), Hotuiti Teao (IND), Tomás De Rementería (IND), Miguel Mellado (RN), Nelson Venegas (PS), Henry Leal (UDI), Héctor Barría (DC), Andrés Longton (RN), Agustín Romero (PREP), Gael Yeomans (PCS), Jorge Guzmán (Evop), Félix González (PEV), Natalia Romero (IND), Karol Cariola (PC), Jorge Rathgeb (RN) y María Luisa Cordero (IND).

Las diversas exposiciones expresaron un ánimo favorable hacia la finalidad del proyecto. Se estimó relevante allegar los recursos a la gente y concretar la reconstrucción de los diversos barrios destruidos con sentido de urgencia. En tal plano, se anticipó el voto favorable al texto.

Sin embargo, transversalmente, también hubo una dura crítica por la demora en las acciones de ayuda y en la presentación de esta misma propuesta. Así, se relevó que la asistencia privada ha sido más rápida y efectiva que la del Estado. Igualmente, se acusó mala gestión institucional para enfrentar la emergencia.

En tal plano, se pidió observar que las lluvias ya comenzaron y que aún hay gente viviendo en carpas. Otros llamaron a que se fiscalice que los dineros lleguen efectivamente a la gente. Junto a ello, se instó a construir con una mayor planificación, de modo de prevenir futuras catástrofes, por ejemplo, considerandos diversas vías de escape.

Por otra parte, hubo quienes expresaron dudas sobre la concreción del plan de reconstrucción, con experiencia en catástrofes pasadas. Asimismo, hubo cuestionamientos a la vía de financiación a través del nuevo impuesto sustitutivo.

Por parte del Gobierno expusieron las ministras de Desarrollo Social y de Hacienda (S), Javiera Toro y Javiera Martínez, respectivamente. Se comentó que las dimensiones de la catástrofe ha tensionado las capacidades del Estado. Además, relataron los ejes de la propuesta, la estrategia financiera utilizada y los compromisos de transparencia hacia el Congreso y la ciudadanía.

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