El Séptimo Juzgado de Garantía aprobó hoy –martes 29 de marzo– el acuerdo reparatorio a que arribaron las partes, en la causa abierta por la querella presentada, en julio de 2019, por el dueño de empresas proveedora en contra de la doctora María Judith Mora Riquelme, directora subrogante del Instituto de Salud Pública, a la época de los hechos, imputada por el delito de injurias y calumnias con publicidad.
En la audiencia de juicio de oral simplificado (causa rol 11.817-2022), tras el último llamado a conciliación formulado por el magistrado Ponciano Sallés Bastarrica, las partes arriban al acuerdo consistente en que la imputada entregue “explicaciones suficientes” a la víctima, las que “serán publicadas en el portal de noticias del Poder Judicial, a fin de informar el término de la causa”.
Asimismo, la resolución del tribunal consigna que: “Por razones administrativas e informáticas la forma de término para el sistema es a través de acuerdo reparatorio, pero es una conciliación entre las partes”.
La publicación ordenada publicar, es la siguiente:
“Que, doña MARÍA JUDITH MORA RIQUELME, asesorada por el defensor penal público, declara lo siguiente.
1. Que, la declaración pública de fecha 20 de julio de 2018, suscrita por JUDITH MORA RIQUELME, en su calidad de directa subrogante del Instituto de Salud Pública, y por Carmen Rodríguez, ha tenido como objetivo, informar a la opinión pública, la remisión de oficios a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, de los hechos denunciados en ambos documentos.
2. Que, dicha declaración pública no ha tenido por objeto dañar la honra, prestigio, honor de don ROBERTO ADOLFO NARBONA HASCHKE, su familia o empresa”.
Con relación a la coimputada en la causa, Carmen Paz Rodríguez Gutiérrez, el tribunal tuvo por desistida la acción impetrada en su contra por la parte querellante y declaró el sobreseimiento definitivo parcial a su respecto.
La causa se inició tras la denuncia formulada por la entonces directora subrogante del Instituto de Salud Pública (ISP), en que advertía, en julio de 2018, sobre posibles irregularidades en contratos celebrados con proveedores de servicios, por un monto que superaría los dos mil cien millones de pesos, en la que involucraba al demandante, en calidad de propietario de dos de las empresas proveedoras del instituto.
Información que fue remitida a los medios de comunicación, junto a un oficio entregado por el ISP a la Contraloría General de la República en el cual se daba cuenta de “un grupo de contratos celebrados desde 2015 con empresas proveedoras de servicios tecnológicos respecto de los cuales no hay constancia de haberse recibido la totalidad de los productos acordados y cuyos pagos ascienden a más de dos mil 100 millones de pesos hasta diciembre de 2017”.
