- De un total de 3.151 querellas presentadas por el Instituto, 2.879 acciones judiciales se encuentran sin personas formalizadas, es decir, en un 91% de las causas los eventuales responsables no han concurrido ante la justicia o no han sido identificados.
- Consuelo Contreras, directora del INDH, hizo un llamado a dar celeridad a las causas para determinar las responsabilidades penales de quienes causaron las violaciones a los derechos humanos. Sobre las políticas de reparación para las víctimas impulsadas hasta la fecha no dudó en calificarlas como “exiguas”.
“Como las violaciones a los derechos humanos más graves y numerosas desde la vuelta a la democracia al país” fueron calificadas por el consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) las vulneraciones a los derechos fundamentales causadas por agentes del Estado en el contexto de la crisis social que se inició el 18 de octubre de 2019.
“A tres años de la crisis social resulta preocupante que, de las 3.151 querellas interpuestas por el INDH, y que aún están abiertas, sólo el 9,5% hayan sido formalizadas. De las 3.626 víctimas asociadas a las querellas, a un 38% de ellas no se le ha tomado siquiera su declaración. Pareciera que las gestiones del Ministerio Público han resultado insuficientes para determinar personas imputadas, y proceder así a la determinación de responsabilidades penales”, alerta la directora del INDH Consuelo Contreras, al evaluar los avances judiciales de las causas presentadas por el INDH en el contexto de la crisis social.
Consuelo Contreras también abordó los que calificó como “exiguos” avances en materia de reparación. “El Gobierno debe proponer una política de reparación integral que incluya medidas dirigidas a la restituir las condiciones o la situación previa a la vulneración de los derechos humanos de las víctimas, entre ellas, por ejemplo, la rehabilitación de los daños físicos o psicológicos padecidos por las víctimas; la indemnización compensatoria a consecuencias del daño o pérdida sufrida, y, la satisfacción por medio de acciones públicas de reconocimiento de los hechos y las víctimas”.
“La urgente instalación de una comisión calificadora ayudaría a darles mayor certeza, en cuyo proceso se tome en cuenta variables como por ejemplo el menoscabo laboral que les haya producido la violencia estatal y también que no colisione con otros beneficios, como por ejemplo una pensión de invalidez”, complementa Consuelo Contreras.
INDH y la crisis social
Desde el 18 de octubre de 2019 el Instituto se desplegó a través de todo Chile para observar en terreno y desde la primera fuente, a través de sus funcionarios, el actuar de los agentes estatales ante las manifestaciones sociales que se extendían a lo largo del país. Desde el día 19 de octubre, se iniciaron estados de excepción constitucional de emergencia que en los días siguientes se extenderían a otros territorios, lo que implicó la salida de las Fuerzas Armadas a las calles.
Para la recepción de denuncias, además de las que recababan sus propios funcionarios en terreno, el INDH dispuso primero un correo electrónico y luego un formulario web, a través de los cuales los ciudadanos y ciudadanas que consideraban que sus derechos fundamentales habían sido afectados pudieran denunciar y hacer llegar al Instituto los antecedentes de sus casos, para que estos fueran analizados a la luz del mandato institucional y así también judicializados.
Se generó entonces un sistema de estadísticas de gestión de la crisis, que primero se convirtió en un producto comunicacional diario y luego en un reporte mensual, cuyo objetivo es informar la verdad institucional sobre lo que ocurría, para luego pasar a ser una base de datos fundamental con las denuncias y acciones que el INDH emprendía ante las vulneraciones que ocurrían.
Toda esta información dio fruto al Informe Anual de Derechos Humanos en el Contexto de la Crisis Social en el que el INDH formuló 15 recomendaciones a organismos del Estado para avanzar en verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición, las cuales fueron enfocadas en cinco ejes principales: poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos; que las fuerzas policiales velaran por el orden público con pleno respeto a los derechos humanos; asegurarle a las víctimas una efectiva justicia y la no impunidad; medidas concretas para la reparación en favor de las personas cuyos derechos han sido vulnerados; y el fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cuya vulneración fue considerada como uno de los antecedentes de la crisis.
Gestión judicial y acompañamiento de víctimas
Entre el 18 de octubre y el 20 de marzo de 2020 el INDH visitó 1722 comisarías, y observó 345 manifestaciones sociales. En tanto, desde el inicio de la crisis y hasta el 30 de noviembre visitó 1.022 centros de salud recabando denuncias y conociendo el estado de las víctimas.
En materia de gestión judicial, desde el 18 de octubre de 2019 y hasta el 12 de octubre de 2022 el INDH ha presentado 3.151 querellas para proteger los derechos humanos de 3.626 víctimas. Se presentaron así un total de 551 querellas por torturas cometidas por agentes estatales; 2.363 querellas por violencia innecesaria, 27 recursos de amparo y 8 acciones legales de diverso tipo por personas que perdieron la vida producto de la acción de agentes estatales.
Respecto de las víctimas representadas por el INDH y las lesiones que sufrieron, 212 corresponden a personas que presentan trauma ocular; 3.324 a personas con lesiones físicas de diversa consideración; 404 que fueron vulneradas sicológicamente y 503 que fueron sujetas de violencia sexual.
Disgregando los datos del INDH, sobre el total de 3.776 víctimas (2816 hombres y 960 mujeres) 1.420 pertenecen a grupos de especial protección, por ejemplo, 572 víctimas son niños, niñas o adolescentes; 22 son personas con discapacidad, 7 pertenecientes a pueblos indígenas, y 26 personas LGBTI.
Avances judiciales
Sobre el avance de las causas judiciales presentadas por el Instituto ante la justicia, 2.879 acciones judiciales se encuentran sin personas formalizadas, es decir, en un 91% de las causas los eventuales responsables no han concurrido ante la justicia o no han sido identificados. Por ejemplo, de los 2.987 Carabineros denunciados por el INDH, solo 179 han sido formalizados, y de los 130 integrantes de las Fuerzas Armadas acusados han sido formalizados solo siete funcionarios.
Asimismo, del total de causas por violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis social, se registran tan solo 14 condenas, de las cuales 13 presentan sentencias ejecutoriadas. La condena número 14 es la que corresponde a la causa que dejó ciega y sin gusto ni sentido del olfato a la senadora Fabiola Campillai, único proceso legal hasta la fecha en que el funcionario implicado es condenado a la pena efectiva de cárcel, pero en cuya condena aún quedan instancias procesales.
La directora del INDH, Consuelo Contreras, abordó el estado de las causas: “Como INDH continuaremos gestionando y participando de cada una de las instancias judiciales de las causas por violaciones a los derechos humanos, acompañando a las víctimas y realizando todas las diligencias necesarias en el marco de los procesos legales para que las responsabilidades de los agentes del Estado implicados no queden en la impunidad”.
“La necesidad de avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición ante las violaciones a los derechos humanos es un imperativo para la solidez de democracia en el país. En este sentido, los diversos sectores políticos deben aunar y condenar transversalmente las vulneraciones ocurridas y rechazar el negacionismo. La verdad sobre las violaciones a los derechos humanos no se puede negar ni relativizar y eso es un mínimo común de las democracias modernas”, sentenció Contreras.
