Asociación Nacional de Fiscales repudia allanamiento a sede de Comunes

20 noviembre, 2021

En relación a la diligencia de allanamiento del domicilio de un partido político de nuestra República, como Fiscales del Ministerio Público manifestamos lo siguiente:

1. Si bien la constitución y las leyes entregan a los fiscales la dirección de las investigaciones de eventuales delitos, cada vez que se requiere ejecutar alguna diligencia que vulnere o violente los derechos de alguna persona, es indispensable que un juez de la República lo autorice. En este caso, se trató de una diligencia autorizada judicialmente para encontrar y preservar medios de prueba en una investigación en curso de alta relevancia para el país.

2. Los fiscales no contamos con policía propia, debiendo por tanto instruir a alguna de las policías para que ejecute dicha orden judicial. En este caso, se encomendó la diligencia a carabineros de Chile, impresionando las imágenes poco criteriosas en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza, al porte de armas de fuego de alto poder, y la difusión coetánea de esta diligencia, afectando el principio legal de reserva o secreto y la dignidad de las personas involucradas.

3. Desconocemos quién, vulnerando la obligación legal de reserva de la investigación, filtró la realización de esta diligencia, cuestión que es completamente improcedente, no solo por poner en riesgo la eficacia de esta diligencia intrusiva, sino que además implica una afectación innecesaria a los derechos de quienes están siendo investigados, cuestión absolutamente inaceptable en un estado democrático de derecho.

Como gremio repudiamos absolutamente lo sucedido, y además, hacemos presente que la Asociación Nacional de Fiscales en diversas oportunidades ha planteado la necesidad de realizar las modificaciones legales necesarias para aumentar y fortalecer los controles funcionales del Ministerio Público hacia las policías, con la finalidad precisamente de evitar actuaciones como la ocurrida, y así poder garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales de todos nuestros ciudadanos, y de esta forma contribuir a sentar las bases de la nueva convivencia social que entre todos estamos construyendo.

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