El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), el británico Karim A.A. Kham, decidió iniciar una investigación preliminar por la invasión de las tropas rusas a Ucrania. La indagatoria estará centrada en eventuales violaciones al Estatuto de Roma.
Al momento de dar a conocer su decisión, Kham explicó que la CPI no tendría jurisdicción sobre Ucrania al no ser un Estado miembro del estatuto, pero que esto se encontraría subsanado pues en dos ocasiones el país europeo ha aceptado el pronunciamiento de la CPI sobre acciones ocurridas en su territorio.
Karim A.A. Kham agregó que la Corte Penal Internacional se encuentra analizando la situación ucraniana desde 2014 -cuando se registró el intento de anexión de Crimea a Rusia- y ha llegado a la conclusión que hay bases razonables para iniciar una indagatoria por el ataque de las topas rusas.
En este contexto, el abogado chileno Juan Carlos Manríquez -quien cuenta con las credenciales para litigar ante la CPI- detalla los alcances de la decisión.
“La rápida acción de la fiscalía de la Corte Penal Internacional denota un estudio concienzudo y acabado dentro de la urgencia, para llegar a convencerse que existen bases sólidas para levantar una investigación preliminar, a propósito de la situación en Ucrania, con un doble objetivo. El primero, tratar de preservar toda la evidencia posible y, segundo, confirmar o descartar hechos que pudieran configurar delitos de aquellos que constituyan violación al Estatuto de Roma, es decir, crímenes de guerra, de lesa humanidad, particularmente la tipificación especial que se denomina crimen de agresión”, indica el profesional.
Manríquez explica que el crimen de agresión se configura “cuando por cualquier medio, un Estado intenta interferir en los procesos políticos de otro, con intenciones o bien provocando actos de desestabilización político económica por las más diversas vías: armadas, electrónicas, ciberguerra, etc. Desde ese punto de vista, la decisión de la fiscalía de la CPI es una reacción que puede calificarse como certera, rápida, y además novedosa, porque el crimen de agresión en el Estatuto de Roma es relativamente nuevo y, más aún, va a permitir investigar diversas hipótesis de ataques informáticos o, particularmente, hackeos en contexto de guerra”.
El abogado añade que esto “era una discusión que se venía dando hace un tiempo, a propósito de si podía configurar el crimen de agresión un delito informático masivo, o un ataque masivo al sistema económico. Así yo lo había propuesto en los últimos dos congresos de la Barra Africana de Abogados, y también lo había planteado al interior de la barra de la Corte Penal Internacional”.
