Con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, y diversas autoridades del sistema judicial se llevó a cabo hoy –lunes 3 de octubre- la ceremonia de entrada en vigencia de la tercera y última etapa de implementación de la Ley 21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales o violentos.
La actividad se llevó a cabo en el Centro de Justicia de Santiago y contó con la asistencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; el fiscal nacional (s), Juan Agustín Meléndez; el defensor nacional (s), Claudio Pérez; el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; la defensora de la niñez, Patricia Muñoz y representantes de Carabineros y la Policía de Investigación, entre otras autoridades.
El presidente del máximo tribunal manifestó que «se trata de una ley ampliamente esperada por la ciudadanía y urgentemente requerida por este grupo de sujetos de derechos que son víctimas de algún tipo de abuso sexual y que, según cifras de UNICEF, alcanzan un 8,7% de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país”.
Por su parte la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, indicó que “estamos en presencia de una ley que obliga al sistema de justicia a sensibilizar con una población y a interactuar con una población que es específica y que sus necesidades particulares son de particular preocupación para el Estado de Chile, abriendo espacios a la posibilidad de aplicar esta normativa en otros procesos relacionados con niñas, niños y adolescentes y otras personas usuarias del sistema que también puedan verse afectadas por una victimización secundaria en los procesos de justicia”.
Finalmente, el fiscal nacional (s) Juan Agustín Meléndez relevó que la puesta en marcha de la ley de entrevistas videograbadas “representa un hito histórico, ya que Chile puede dar cuenta de un logro sustancial en el respeto de los derechos de las personas y su efectivo reconocimiento y ejercicio”.
Con la entrada en vigencia de la tercera y última etapa de la ley 21.057 en las regiones de Valparaíso, O´Higgins, Los Lagos y Metropolitana, esta normativa rige en todo el territorio nacional, estableciendo un marco normativo que regula la toma declaraciones de niñas, niños y adolescentes en la etapa investigativa y judicial; prohibiendo la formulación de preguntas inadecuadas, repetitivas y excesivas de los distintos actores, entre otros factores.
El Poder Judicial comenzó en 2012 a implementar un proyecto de construcción y habilitación de salas especiales para entrevistas de niños, niñas y adolescentes que debían participar en juicio orales, una iniciativa que surgió fruto del interés de los propios jueces penales en explorar alternativas de resguardo para las víctimas que debían declarar en el proceso.
En este contexto, el Poder Judicial cuenta una red de salas especiales que alcanza todas las regiones del país, pese a lo cual la implementación de la ley 21.057 ha significado un trabajo consistente de instalación de infraestructura y capacitación de jueces y ministros, ámbitos en que la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la Academia Judicial han realizado, respectivamente, un aporte fundamental.
