El requerimiento ante el Tribunal Constitucional fue presentado por el abogado Juan Carlos Manríquez en favor del exadministrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos, investigado en la causa. La sentencia, además, determina que, en cualquier momento quien sea afectado, puede volver a reclamar a dicha magistratura.
El Tribunal Constitucional resolvió que el estado de secreto de la carpeta de investigación fiscal por un supuesto delito de lavado de activos, sería inconstitucional, si el Ministerio Público lo establece nuevamente sin orden judicial previa.
Así se establece en la sentencia de la magistratura luego que el abogado Juan Carlos Manríquez, en representación del ex administrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos –investigado en la causa- recurriera al TC por estimar que la aplicación del artículo 31 de la Ley de Lavado de Activos, era injustificada.
De acuerdo a la resolución, “el artículo 31 de la Ley N° 19.913, en cuanto permite tramitar una investigación por lavado de activos en forma secreta” se justifica cuando lo dispone el fiscal, pero esa calidad de secreta “solo puede prolongarse hasta por seis meses, plazo renovable, con autorización del juez, por una sola vez y por igual término” y establece que “las partes que se sientan amenazadas o perturbadas en sus derechos por la aplicación inminente o actual de la ley procesal”, pueden presentar un nuevo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante dicho tribunal.
Cautela de Garantía
El miércoles, en tanto, ante el Juzgado de Garantía de San Carlos, Manríquez, solicitó que “se cite de manera urgente, en el menor plazo posible, a audiencia de cautela de garantías” para pedir formalmente la entrega de todos los nuevos antecedentes incluidos en la carpeta investigativa, en el marco del denominado Caso Led.
Según explicó en su requerimiento “esta defensa se ha visto imposibilitada de acceder oportunamente a todos los antecedentes de la investigación de manera acabada”, mencionando que el día miércoles 24 de marzo “recibimos actualizaciones de la investigación, y habiendo, pedido las declaraciones de los Sres. Zarzar y Campos, entre otras, vemos con sorpresa cómo solo hoy, 3 horas antes del envío, la fiscalía agrega una petición a la PDI con plazo de 5 días, para que les envíe la declaración del señor Campos que ellos conocen desde el 15 de marzo, vale decir, recién debiera estar agregada en la carpeta el 29 de marzo, y de ahí, se tomarían los 15 días habituales para digitalizarla y compartirla con la defensa, vale decir, casi 1 mes más tarde”.
Sobre la solicitud, el abogado explicó que con ella se busca “que el tribunal disponga que la Fiscalía deba entregarnos, en el más breve plazo, las copias de las declaraciones” prestadas por el alcalde Sergio Zarzar y por el exasesor jurídico, Marcelo Campos, “más otras que estimamos muy relevantes”.
Vallejos es investigado penalmente por su presunta participación en eventuales negociaciones incompatibles mientras ejerció el cargo en el municipio local, presuntamente favoreciendo a sus familiares directos y así mismo, de acuerdo a la imputación del Ministerio Público.
