Este viernes, el Consejo de Defensa del Estado efectuó sus alegatos durante la segunda jornada de la audiencia en que están formalizados el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba y otros cinco exfuncionarios de esa Municipalidad, investigados por múltiples delitos de fraude al Fisco, asociación ilícita, lavado de activos e infracciones al Código Tributario, según sea el caso.
Representado por un equipo de abogados encabezado por el coordinador de Litigio Penal de la Procuraduría Fiscal de Santiago, Diego Acuña y los abogados litigantes Cristóbal Diaz y Rodrigo Álvarez, el Consejo intervino en su calidad de querellante institucional solicitando la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado Raúl Torrealba, la que previamente había pedido la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Conforme con ello, el CDE expuso al tribunal los argumentos que permiten sostener que esta medida cautelar personal es idónea, necesaria y proporcional, toda vez que una cautelar de menor intensidad no es suficiente para asegurar las finalidades del procedimiento y la seguridad de la sociedad.
Al momento de fundar los presupuestos materiales y la necesidad de cautela establecida en el artículo 140 del Código Procesal Penal, los abogados del Consejo explicaron que la exautoridad municipal arriesga pena de crimen producto de la multiplicidad y reiteración de delitos que se le imputan, lo que justifique que se adopten las medidas necesarias ante el riesgo de fuga. “Concretamente el escenario punitivo que enfrenta el imputado es de pena efectiva”, dijo el coordinador de Litigio Penal.
Respecto de los presupuestos materiales de los ilícitos cometidos, el abogado Cristóbal Díaz sostuvo que las asociaciones comunales “fueron creadas por decretos municipales que, si bien aparentaban un fin de beneficio para la comunidad, también funcionaban como caja para servirse de recursos públicos”. “Pocas veces se puede ver en este tipo de fraudes tan completa investigación y con tantos antecedentes directos de los hechos que pueden presumir la participación directa del exalcalde en esa verdadera máquina defraudatoria”, subrayó. En esa línea y abordando la necesidad de cautela, el abogado Diego Acuña precisó que la exautoridad “habría liderado una organización criminal que tenía por finalidad defraudar al propio municipio a través de mecanismos que buscaban su propio beneficio y en contrapunto, perjudicar a la propia comunidad que lo había elegido en reiteradas ocasiones, a la que debía servir”. Agregó que éste “abusó de su poder público para obtener un beneficio particular, todo lo cual da cuenta de graves y sistemáticos actos de corrupción, altamente nocivos para la institucionalidad municipal, pues socava las bases del sistema y ataca la confianza que la sociedad ha depositado en sus instituciones”.
