Auditoría detectó retrasos, falta de control y uso irregular de más de $1.200 millones y baja ejecución presupuestaria. Se instruyó sumario en la Subsecretaría de Educación y en la Dirección de Educación Pública.
Un nuevo informe de la Contraloría General de la República evidenció falencias en el proceso de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en la Región Metropolitana.
La auditoría, contenida en el Informe final N° 784, de 2024, tuvo como objetivo revisar el Proceso de Instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) de la Región Metropolitana, para verificar el cumplimiento de la ley N° 21.040, que crea el Sistema Nacional de Educación Pública, y el resguardo del patrimonio público durante el periodo 1 de enero de 2023 y el 31 de mayo de 2024.
Así, se detectó una serie de incumplimientos a la normativa, administrativos y financieros. Por ejemplo, se advirtieron deficiencias en las etapas de instalación, mediante el retraso de hasta 250 días en la designación de los directores ejecutivos de los SLEP Santa Corina, Los Libertadores, Del Pino y Santa Rosa, lo que generó demoras en el inicio de sus funciones y afectó la instalación de estructuras críticas como el apoyo pedagógico y la planificación de gestión. Asimismo, más del 40% de los procesos clave del traspaso presentaban un avance igual o inferior al 5%, a pocas semanas del cambio de administración educativa.
Otra de las observaciones relevantes da cuenta que la Subsecretaría de Educación no ejerció el debido control sobre las funciones delegadas a la Dirección de Educación Pública (DEP). A su vez, este último organismo no cumplió con dichas labores, referidas a la asistencia técnica para la elaboración de los Planes Anuales de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM). La Contraloría requirió a ambas entidades informes correctivos en un plazo de 60 días hábiles, advirtiendo que estas deficiencias afectan directamente la calidad del traspaso educativo, el uso eficiente de recursos y el derecho a una educación pública de calidad.
Respecto de situaciones financieras, la Contraloría detectó que de un presupuesto de más de $5.600 millones asignados en 2023, solo se ejecutó un 4,35% y que al tercer trimestre de 2024 aún no se llegaba al 40%. Además, 12 convenios por más de $5.300 millones para obras urgentes de infraestructura escolar no han sido tramitados ni ejecutados, lo que pone en jaque el uso de fondos públicos y el cumplimiento de la ley de presupuestos.
El organismo de control también constató que los sostenedores rindieron un monto de más de $1.200 millones en pagos por remuneraciones, finiquitos y deudas previsionales entre 2015 y 2024, pese a que estos recursos estaban destinados a financiar gastos existentes hasta el 31 de diciembre de 2014 incurridos en el cumplimiento del Plan de Transición. Por esta razón, la (DEP) deberá gestionar la restitución de los recursos.
Debido a las situaciones advertidas, la CGR iniciará un procedimiento disciplinario en la DEP y la Subsecretaría de Educación.
