El 28 de agosto, la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, presidida por María Jaraquemada (directora ejecutiva de Chile Transparente), terminó su labor. Ese día, entregó el informe encomendado con 46 medidas para cumplir el objetivo propuesto, que fue una de las respuestas del Gobierno frente al caso Convenios.
Para este primer balance, que compone una visión general y una perspectiva de corto plazo -de acuerdo al cronograma trazado por el propio Gobierno-, se percibe un progreso del 35% y 59%, respectivamente. De lo anterior, se destaca que del total de las 46 medidas propuestas, 20 contienen alguna actividad o avance, no obstante en varios casos son avances menores o iniciales. Los avances más significativos se registran en las medidas más inmediatas tomadas por el Gobierno, las que se reflejan en 22 acciones dentro de 19 medidas propuestas.
Cabe destacar que la evaluación realizada mide los avances del Estado frente a estas propuestas, ya que algunas recomendaciones deben ser implementadas en conjunto con el Congreso o por otras entidades autónomas, como el Servel, CGR y FNE, entre otras. Sin embargo, el rol del Gobierno es central como articulador e impulsor de esta agenda.
“Este primer balance viene a mostrar cómo hemos avanzado en lo que la Comisión propuso, donde puede observarse un esfuerzo por parte del Gobierno, pero también la necesidad de un impulso por parte de otras entidades autónomas y del Congreso, porque se trata de un esfuerzo de Estado. El Presidente manifestó que nuestro trabajo no es para meterlo en un cajón, razón por la cual creemos importante dar cuenta de los avances en estas materias, con el fin de seguir velando por un Estado moderno y robusto, por una democracia consolidada y para que reduzcamos al máximo las posibilidades de nuestras capacidades que no se repita lo ocurrido en el caso Convenios”, declaró María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente y presidenta de la Comisión de Integridad y Probidad.
También enfatizó que “todavía urge presentar un proyecto de ley de beneficiarios finales, para así contar con un registro único y centralizado de acceso público a información. Adicionalmente, debemos ser ágiles con medidas que hoy se consideraron en la Ley de Presupuestos recién aprobadas, ya que hay que tomar en cuenta que es una ley con una vigencia de un año”.
Por último, Chile Transparente llama a avanzar también en aquellas medidas de mediano plazo que son legislativas, ya que febrero es un mes de receso y se requiere un trabajo intenso y coordinado pre-legislativo relevante.
La metodología tras la evaluación
El trabajo se realizó en base a las cinco áreas de las recomendaciones del informe: tipología y distribución de las Instituciones Públicas Sin Fines de Lucro (IPSFL); sus formas de relacionamiento con el Estado; transparencia en organismos del Estado y registros de estas instituciones; transparencia de las instituciones privadas sin fines de lucro; su gobierno corporativo; infracciones, controles y sanciones y, el área final, que es rendición de cuentas de éstas propuestas. Para el total de 46 medidas propuestas, el Gobierno ha presentado un agenda con 60 acciones que pueden ser legislativas o administrativas.
Las medidas propuestas, en cuanto a sus tiempos de ejecución o promulgación se dividen en tres de acuerdo a la propia agenda del Gobierno: corto plazo (a 30 días), mediano plazo (al término del año legislativo, es decir marzo de 2024) y largo plazo (al término del gobierno en curso, marzo de 2026).
Cada una de las acciones fue valorizada de acuerdo a su avance, distinguiendo entre las etapas de las medidas legislativas y las de gestión o administrativas. El nivel de avance reportado es el resultado de un promedio ponderado de las acciones vinculadas a una medida. Mismo procedimiento se hizo con las áreas del informe y el avance general.
