- Gremio del transporte de carga condena la quema de maquinaria, entre ellos dos camiones, y cuestiona duramente al Gobierno del Presidente Gabriel Boric por su inacción frente a la crisis de seguridad en el sur. Lunes 2 de marzo de 2026. La Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) condenó enérgicamente el nuevo ataque incendiario registrado en la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía, donde fueron destruidos dos camiones y maquinaria de trabajo, en un atentado que vuelve a golpear directamente al sector transporte y a la actividad productiva del país.
El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, afirmó que este nuevo hecho de violencia desmiente categóricamente las recientes declaraciones del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien sostuvo que el Gobierno entregará la región con índices de violencia prácticamente en extinción.
“Las palabras del Gobierno contrastan brutalmente con la realidad. Mientras desde Santiago se habla de violencia en retirada, en el sur siguen quemando camiones y destruyendo el trabajo de familias chilenas. La violencia no está extinta y el terrorismo continúa activo en la Macrozona Sur”, señaló Pérez.
El dirigente fue más allá y apuntó directamente a la responsabilidad política del Ejecutivo. “El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha tenido cuatro años para enfrentar con decisión este problema y el resultado ha sido catastrófico. Hoy siguen actuando con capacidad operativa, siguen atacando infraestructura productiva y siguen sembrando terror en las rutas”, afirmó.
Pérez sostuvo que si bien se han producido algunas detenciones, ello no puede presentarse como solución definitiva. “No basta con capturar a algunos individuos si las estructuras permanecen intactas. Aquí ha faltado una estrategia integral, sostenida y firme. El resultado está a la vista: los atentados continúan y la sensación de inseguridad persiste”.
Desde la CNTC recalcaron que el transporte de carga ha sido uno de los sectores más golpeados por la violencia en la Macrozona Sur, acumulando pérdidas millonarias, trabajadores heridos y un deterioro evidente de la actividad económica en la zona.
“No podemos aceptar que se relativice lo que ocurre en el sur. Cada camión quemado es empleo destruido, inversión que se pierde y una señal de debilidad del Estado frente al crimen organizado. La inacción y las señales ambiguas solo fortalecen a estos grupos violentistas”, enfatizó el presidente del gremio.
Finalmente, Pérez señaló que el país no puede seguir normalizando la violencia. “Mientras se sigan registrando atentados, el Gobierno no puede hablar de violencia en extinción. La seguridad es la primera responsabilidad del Estado, y en esta materia el balance es insatisfactorio. Es urgente que el Ejecutivo asuma su responsabilidad política y que el Congreso acelere la aprobación de las leyes pendientes para enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado y al terrorismo. Chile necesita autoridad, decisión y coherencia, no discursos desconectados de la realidad”, concluyó.
