DECLARACIÓN PÚBLICA
Santiago, 10 de Junio de 2018.
El Gobierno resolvió efectuar recortes a presupuestos aprobados por el Congreso Nacional para las distintas carteras a cargo de las políticas públicas afectando especialmente a un ámbito de la mayor sensibilidad ciudadana como lo es la salud. Para este sector, responsable directo de la atención a una población de más de una decena de millones de personas que concurren a CESFAM, SAPU, SAPUR, SUR, SAR y hospitales de distinta complejidad, el recorte supone una disminución de recursos del orden de más de 126.000 millones agravando la situación deficitaria que por décadas le ha afectado y que en concreto supone un déficit en la red hospitalaria que bordea los 200.000 millones y en la Atención Primaria municipal la cifra es decenas de miles de millones.
Es este factor la explicación principal de la grave crisis de la salud pública del país, crisis que se traduce en la permanente incapacidad del sistema para dar respuesta oportuna y eficaz a las demandas de las y los millones de beneficiarios de la red asistencial pública, así como de las listas de espera en la que miles de personas sufren a la espera de una prestación que en más de algún caso nunca recibirán producto de desenlace fatal de su problema de salud.
El recorte a la salud de millones de personas no resiste análisis alguno. Chile no está en recesión económica, muy por el contrario, el país es testigo de los rostros felices con que las autoridades del Gobierno actual se celebran del excelente comportamiento de la economía nacional en los últimos meses augurando incluso mejores expectativas para lo que resta del año. Incluso en la eventualidad de tener que reducir el gasto fiscal por razones de índole econométrica (paliar deuda a fin de mejorar clasificación de riesgo país ante instituciones financieras internacionales para goce del Ministro de Hacienda), no resulta para nada coherente con la mentada sensibilidad social del Gobierno actual el que sea el de salud el presupuesto más castigado y que los de defensa se mantengan casi intactos siendo un sector que goza de especiales privilegio en materia de ingresos (ley reservada del cobre) y que además ha dado muestras de uso fraudulento de los recursos recibidos para tareas que le son propias.
Para la CONFUSAM la decisión del Gobierno es inaceptable e injustificable y consideramos una obligación moral del Presidente Piñera echar pie atrás en una medida de suyo insensata y que daña a millones y junto con rechazar la medida de recortes, hacemos público anuncio de nuestra decisión de recurrir a las instancias judiciales a fin de revertirla.
