En la primera sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, presidida por la ministra Gloria Negroni, se registró la audiencia por el recurso de protección interpuesto por pescadores, buzos, mariscadores y acuicultores de la costa de la región de Coquimbo que rechazan los alcances del decreto 31 dictado por el presidente Gabriel Boric, el 30 de noviembre pasado, que impondrá restricciones a la extracción de recursos marinos en la zona.
El tribunal de alzada, en diciembre pasado, dispuso ordenar el trámite de la causa y le dio un plazo de ocho días para que el mandatario expusiera en un informe sus descargos y los argumentos que dice poseer el gobierno para declarar en la zona la denominada “Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Archipiélago de Humboldt”.
En el recurso de protección se denuncia que dicha norma “afecta los derechos y libertades constitucionales de los pescadores, buzos, mariscadores y recolectores de la comuna de La Higuera, mediante regulaciones, restricciones, limitaciones y prohibiciones ilegales, arbitrarias e ilegales, que privan, perturban y amenazan los derechos de igualdad ante la ley, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a desarrollar actividades económicas lícitas y de propiedad, los que se encuentran reconocidos en los números 2, 8, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República”.
En la audiencia, en defensa de los trabajadores del mar, expuso el abogado Marcelo Castillo, quien luego de los alegatos manifestó que “los pescadores de La Higuera y de toda la Región de Coquimbo están esperanzados de que se acoja este recurso de protección, pues de otra forma se pondrá una lápida a un polígono de 100 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho, donde se prohibirá toda actividad pesquera”.
Los recurrentes corresponden al 65% de los trabajadores que desarrollan estas actividades pesqueras, junto a sus familias y antepasados, desde hace más de un siglo, por lo que tienen un profundo arraigo ancestral, geográfico y social con esta zona, su costa, islotes y zonas aledañas a la costa que alegan que son titulares de varias Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos.
Castillo explicó en estrado que “mis representados pasarán de un régimen legal de libertad de pesca y extracción de recursos hidrobiológicos, a uno de restricciones, limitaciones y/o prohibiciones contempladas en el decreto, cuyos alcances se desconocen”.
En el recurso se explica que hoy existen varias áreas marinas protegidas como la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt que data de 1990 lo que hace innecesario este decreto presidencial.
El jurista además destacó en su alegato que el gobierno en su oportunidad adjuntó el denominado “Informe Justificatorio” en el que se incluyen estudios realizados en 1990 por la ONG Oceana y cuestionó los presuntos vínculos del ejecutivo con esta organización ambientalista.
La primera sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, tras escuchar los alegatos, dejó en acuerdo el fallo, es decir, pendiente hasta que finalice su redacción.
