Declaración Pública CCHDH Informe ONU

En relación al Informe emitido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos-ACNUDH, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, declara:
1° El Informe del ACNUDH reafirma lo ya constatado por Informes anteriores de organizaciones internacionales, como los emitidos por Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que en Chile se ha producido “un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”, a partir del 18 de Octubre pasado, fecha en se dio inicio a la rebelión social, las que incluyen homicidios, cientos de torturados y violentadas/os sexualmente, miles de heridos, cientos de chilenas y chilenos cegados parcial ó totalmente de la vista y miles de detenidos arbitrariamente, todos crímenes contra los derechos humanos atribuibles principalmente al Ejército y Carabineros.
2° Creemos que estas violaciones a los derechos humanos, al haberse cometido en forma sucesiva, durante un período de tiempo y habiendo afectado a un grupo numeroso de personas, tienen no sólo el carácter de graves y masivas sino además el de sistemáticas. Si bien el Informe no lo señala expresamente, lo sugiere al señalar que ciertas violaciones a los derechos humanos “son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y sus víctimas”, al mismo tiempo que consigna que “las medidas adoptadas por parte de las autoridades no fueron eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo de las personas.”
3° Concordamos en que vastos sectores de la sociedad han sido especialmente reprimidos por alzar su voz contra el abuso institucionalizado, la injusticia y la desigualdad, como los niños niñas y adolescentes, los estudiantes, las y los periodistas, las mujeres y la comunidad LGTBI, los migrantes, los mapuches, y los trabajadores activos y pasivos.
4° Valoramos el que se señale a la desigualdad social y económica como una de las causas que dio inicio a las manifestaciones masivas, se constate la concentración de la riqueza en nuestro país, y que se recomiende abordar la situación de los derechos sociales y económicos al tenor de lo señalado por los órganos de control y supervisión de Naciones Unidas. Valoramos además, que se reitere la recomendación al Estado de Chile de suscribir el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que permitiría recurrir a una instancia internacional cuando derechos sociales fundamentales sean violados en el territorio nacional, como ocurre actualmente.
5° Constituye un avance además, que el principal órgano de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, se pronuncie sobre el actual proceso constituyente, al señalar en su Informe la necesidad de “asegurar que el proceso de elaboración de una Nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género, y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad”, demanda exigida mayoritariamente por las chilenas y chilenos y que constituyen requisitos básicos, entre otros, para dar legitimidad social al proceso constituyente en curso y de ejercer libremente el derecho de libre determinación. Del mismo modo, al recomendar que “los derechos humanos deben estar en centro de este debate nacional”, ello importa que en la redacción de la Nueva Constitución, el eje central de su arquitectura, debe ser el respeto y garantía de los Derechos Humanos consagrados en los Pactos y Convenciones suscritos y ratificados por el Estado de Chile, cuyo cumplimiento irrestricto no se puede desconocer.
6° Por último, junto con demandar del Gobierno el cese inmediato de la represión, la implementación inmediata de las Recomendaciones del Informe y el abandono de su política de criminalización de la protesta social a través de leyes represivas, deseamos expresar nuestra preocupación por el “bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones de los Derechos Humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales”, tal como lo señala el Informe.
7° En virtud de lo anterior, reiteramos la necesidad de evitar se consagre la Impunidad en nuestro país y para impedirlo, deben hacerse efectivas las responsabilidades penales de todos los autores, cómplices y encubridores de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas, incluyendo a las autoridades civiles y jefes militares, según lo establecen expresas normas contenidas en nuestro ordenamiento jurídico, cuyas disposiciones legales hemos invocado al presentar las querellas respectivas.
8° Por último, deseamos reafirmar que la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No repetición, son obligaciones normativas ineludibles para los tres Poderes del Estado cuando se han producido graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, y su exigencia, un deber ineludible del conjunto de la sociedad y sus organizaciones.