• El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la situación que afectó a conscriptos que realizaban el servicio militar pertenecientes a la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco” del Ejército, en la comuna de Putre y que culminó con uno de ellos fallecido y 4 hospitalizados. Estos hechos han sido monitoreados por las sedes de las regiones de Arica y Parinacota, Metropolitana y por la dirección nacional del INDH.
• Los conscriptos estaban bajo el cuidado directo del Estado, en el contexto de la realización del servicio militar, y por lo tanto debían recibir la preparación, herramientas y condiciones materiales para así garantizar el ejercicio de sus derechos, sin discriminación y con el adecuado desempeño de las actividades correspondientes, tal como lo indica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce el derecho de acceder a la función pública en condiciones de igualdad.
• En el marco del mandato establecido en la ley N° 20.405, a las 20:00 horas del domingo 5 de mayo, el INDH se constituyó en las instalaciones del Grupo 10 de la FACH de Santiago para entrevistar a los exconscriptos que venían en el vuelo de Arica. Sin embargo, luego de las gestiones realizadas con las autoridades del Ministerio de Defensa, no fue permitido el ingreso a funcionarios del Instituto para cumplir con el mandato legal, pese a lo ya dictaminado por la Contraloría General de la República.
• El INDH seguirá con atención las medidas que adopte la autoridad, en especial la investigación interna para determinar la eventual responsabilidad de mando que condujo al fallecimiento de un joven y la afectación en la salud de otros jóvenes.
• En consideración de los antecedentes recabados por el equipo de la institución, el INDH presentará una querella por el delito de apremios ilegítimos contra quienes resulten responsables por los agravios que sufrieron los jóvenes en Putre.
• Como Consejo del INDH recordamos que los estándares internacionales de derechos humanos en la materia establecen que los casos que puedan implicar violaciones a los derechos humanos deben ser conocidos principalmente por la justicia ordinaria.
