Las usurpaciones de terrenos y propiedades representan una grave amenaza para los propietarios en nuestro país, sin duda, nos preocupa profundamente la postura del Gobierno frente a esta problemática.
El reciente cambio de legislación aprobada por el Senado, en su primer trámite constitucional, busca convertir las usurpaciones en delitos de carácter permanente, permitiendo sanciones ante un delito que hoy es impune. Sin embargo, el Gobierno, a través de indicaciones y gestiones de sus ministros ante el Congreso, insiste en mantener el carácter de falta para las usurpaciones «no violentas», impidiendo la detención de los responsables; y por otra parte propone castigar a las víctimas que legítimamente se oponen a la usurpación.
Hoy usurpar un terreno, desplazar mediante el uso de la fuerza a familias y/o empresas, es un delito impune. Se considera una falta que se castiga a través de una multa, la cual ha sido aplicada en muy pocos casos y no hay detenidos.
Por eso, esta posición errática del Gobierno constituye una grave obstrucción a la justicia y contradice su discurso de combate a los grupos criminales. Nos preguntamos si existe una verdadera voluntad de proteger los derechos de las víctimas o si se sigue dando ventaja a los delincuentes.
Es imperativo que el Gobierno rectifique su postura y actúe con coherencia, firmeza y convicción en la lucha contra los grupos criminales. Se está perdiendo tiempo y recursos valiosos en gestiones que terminan facilitando la impunidad. La autoridad debe elegir si está del lado de las víctimas o de los delincuentes.
Exigimos al Gobierno que escuche la voz de la ciudadanía y atienda sus demandas legítimas. La Obstrucción a la justicia y la falta de una postura clara de ataque a las usurpaciones genera desconfianza y frustración en la ciudadanía.
