El Observatorio de Derechos de la institución, en su Informe de Política Pública N°4, analizó y comparó datos entre 2022 y 2023 y también reveló una concentración de casos en la zona norte del país.
El organismo, además de entregar las cifras, hace un llamado a las autoridades competentes a revisar la normativa relacionada, a la luz de la Ley de Garantías, para poner el foco en la protección de derechos de la niñez y adolescencia.
Santiago, 29 de abril de 2024.- “Total de expedientes de expulsión y cancelación de matrícula de estudiantes durante 2022 y 2023” es el nombre del Informe de Política Pública N°4 del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez. En este documento, el organismo describió y analizó los datos entregados por la Superintendencia de Educación sobre los expedientes de expulsión levantados entre 2022 y 2023 (agosto), con el fin de dar seguimiento a estos procedimientos, que ya fueron tratados en un informe anterior referido a la Ley de Aula Segura.
Uno de los principales hallazgos es que entre los primeros semestres de 2022 y 2023, se detectó un aumento del 70,6% en la cantidad de expulsiones y cancelaciones de matrícula de estudiantes. En tan solo un año, se produjo un alza de 276 a 471 casos de este tipo a nivel nacional.
En esta misma línea, al observar la distribución regional, el informe de la Defensoría de la Niñez reveló que la región con mayor cantidad de expulsiones y cancelaciones de matrícula del país a 2023, en relación con su matrícula total, son Arica y Parinacota, con una tasa de 0,73 casos por cada 1.000 estudiantes. Además, al indagar en los datos por comuna, las que presentaron más alto promedio de casos por establecimiento son Copiapó, Alto Hospicio, Santiago, Antofagasta y Arica.
En relación a las edades de los estudiantes que han sido expulsados, si bien la mayor parte de casos se concentra en la enseñanza media, llama la atención que un 35% del total de expedientes corresponden a estudiantes de educación básica, partiendo por casos desde primero (10 casos) y segundo básico (10 casos).
El informe también detalló las causales de dichas expulsiones, siendo las más altas “Agresiones a otros estudiantes” con un 33%; “Transgresión reiterada de normas” con un 20%”, “Asociado al uso de armas” con un 13% “; y “Hechos relacionados a drogas” con un 8%.
Al mismo tiempo, el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez señaló en su informe que no solo han subido las expulsiones, sino también las denuncias que estudiantes y familias presentan ante la Superintendencia de Educación a raíz de esta medida de los establecimientos, presentando un aumento del 184% entre 2022 y 2023.
“Como parte de nuestro rol de monitoreo del actuar el Estado frente a los derechos de niños, niñas y adolescentes, nos parece importante dar a conocer estas cifras y relevar ciertos aspectos claves. Por ejemplo, resulta preocupante la ausencia de registros de expulsiones en establecimientos particulares pagados, quienes no tienen la obligación de informar a la Superintendencia de Educación, a pesar que un tercio de las denuncias por esta materia provienen de este tipo de colegios, ellos. Esto invisibiliza de forma significativa una realidad importante que debe ser monitoreada”, declara el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sobre este informe.
“Nos parece que estos procedimientos, incluyendo los regulados por la Ley Aula Segura, y por supuesto también los fenómenos que las causan, necesitan ser revisados por las autoridades competentes a la luz de la Ley de Garantías. Es esencial que toda medida se centre en la protección de derechos de todos los actores involucrados, pero también considere las trayectorias educativas y los riesgos de la exclusión escolar”, dice para finalizar el Defensor de la Niñez.
Puedes revisar el informe completo aquí.
