La Mesa de Articulación por los Refugiados en Chile y un centenar de organizaciones y personas de Chile, así como de otros 10 países, expresan su preocupación y condena por las vulneraciones de derechos de las personas refugiadas reconocidas y refugiadas solicitantes de reconocimiento en Chile, esto a través de carta entregada al ministro del Interior, Rodrigo Delgado Mocarquer.
La Organización de Colombianos Refugiados en Chile (OCORCH), el Comité de Refugiados Peruanos en Chile, la Asociación de Exiliados Peruanos en Chile y la Corporación Colectivo Sin Fronteras, que son parte de la Mesa de Articulación por los refugiados en Chile, afirman que durante el actual gobierno se agudizaron las vulneraciones del derecho al refugio en Chile, tema analizado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, confirmada por la Justicia Chilena en diversas causas, así como en investigación llevada a cabo por Contraloría de la República.
La negación del derecho a solicitar refugio, demoras y/o el requerimiento de trámites no contemplados en la norma, atraso en el otorgamiento de fechas para la atención, evaluaciones improcedentes de parte de funcionarios, rechazos de solicitudes bajo afirmaciones infundadas como el “cese del peligro” y la revisión de reconocimientos de refugio que fueron otorgados hasta más de dos décadas atrás, son las más graves.
Las filas en la oficina de Extranjería de cientos de personas solicitando refugio en la última semana ha evidenciado la gravedad de estas vulneraciones. Desde 2017 a la fecha se han reducido drásticamente las solicitudes de refugio, de 5.723 (2017) a 432 durante el primer semestre del año 2020. Lo mismo sucedió con los reconocimientos de refugio entregados, que pasaron de 162 (2017) a 7 durante el primer semestre de este año.
La Mesa de Articulación por los Refugiados en Chile demanda que las autoridades migratorias rectifiquen las prácticas que vulneran la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo Adicional y la Ley 20.430 sobre refugio. Exigen que se realicen los sumarios para investigar y perseguir las responsabilidades administrativas correspondientes, incluyendo al ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y al jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio. Respaldan requerimientos de Contraloría como el que se elaboren, implementen y difundan protocolos sobre la formalización de la condición de refugiado; se vele por la celeridad, eficiencia y eficacia del trámite en análisis. Además, piden que cese la revisión de reconocimientos de refugio otorgados, se implemente un sistema de atención a las y los solicitantes de refugio resguardando condiciones de atención digna; que no se dilaten los trámites migratorios para no afectar la continuidad de visas, y se implemente un proceso de regularización migratoria humanitaria ya que en pandemia se han recrudecido la vulneración de derechos de todas las personas migrantes.
Señalan finalmente que la institución del refugio en Chile ha sido vulnerada y corresponde establecer estas medidas para restituir condiciones de dignidad a las y los solicitantes de refugio y refugiados que viven en Chile.
