Los parlamentarios Juan Irarrázaval y Agustín Romero acusaron intervencionismo electoral en la candidatura independiente de Claudio Orrego como gobernador regional de la Región Metropolitana y solicitaron que se investigue y sancione el actuar de los ediles de Padre Hurtado y Estación Central, Felipe Muñoz Heredia y Felipe Muñoz Vallejos, respectivamente.
Los diputados del Partido Republicano, Juan Irarrázaval y Agustín Romero, denunciaron ante la Contraloría General de la República a los alcaldes de Padre Hurtado y Estación Central, así como también al propio gobernador regional de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, por cometer proselitismo político e infringir las normas de probidad en el marco de la junta de firmas como independiente para su campaña para repostular al cargo en los comicios de octubre de este año.
Según la denuncia interpuesta por los parlamentarios ante el órgano contralor, se acusó de intervencionismo electoral a los alcaldes Felipe Muñoz Heredia, de Padre Hurtado y Felipe Muñoz Vallejos, de Estación Central, quienes desde abril a la fecha, han ejecutado una serie de acciones a nombre de sus respectivos municipios para beneficiar la reelección del actual gobernador regional de la R.M.
En el caso particular del alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz Heredia, se denunció que en el acto de entrega del terreno del Megaproyecto habitacional “Padre Hurtado Somos Todos I y II”, se instaló un stand del gobernador Orrego solicitando firmas para inscripción de su candidatura como independiente, el cual estaba siendo atendido por funcionarios municipales con computadores institucionales para llevar a cabo la captación de firmas.
Respecto al edil de Estación Central, Felipe Muñoz Vallejos, se detalló que, a través de un video publicado en la red social “X”, la autoridad municipal llamó a firmar por la candidatura de Claudio Orrego, mencionando todos los beneficios obtenidos en su comuna, y destacando el rol que ha ejercido como gobernador regional, entre ellos, para la adquisición de un camión aljibe, de 10 nuevas camionetas eléctricas para seguridad, limpieza y pintura de fachadas en la Alameda, una veterinaria móvil, etc.
Según explicó el diputado Juan Irarrázaval, “no hay registro, al menos yo no tengo noción, de un intervencionismo tan descarado como el que se está llevando a cabo desde la campaña del gobernador Orrego. La verdad es que lo más elemental que podría tener una ley contra el intervencionismo electoral el gobernador Orrego lo ha pasado a llevar de la manera más expresa posible: se colude con alcaldes en ejercicio de su cargo, por cierto expresamente a cargo de favores, para juntar sus firmas de «independiente», independencia que por supuesto también queda en evidencia es una completa mentira. Además, esto se lleva a cabo, de nuevo, con total desfachatez: con un stand a cargo de funcionarios municipales en una actividad oficial de viviendas sociales, o con un video que muestra a otro alcalde enumerando la lista de favores como si ello dependiera de la persona particular de Claudio Orrego. el nivel de soberbia es realmente increíble, como si se sintiera o fuere intocable”.
Irarrázaval agregó “acá hay una violación sistemática de la ley, no creo que hayan dejado una sola norma sobre intervencionismo sin faltar. Esperamos que la Contraloría actúe porque francamente nuestro alicaído estado de Derecho ha tocado fondo. ¿Cómo Claudio Orrego y estos alcaldes pretenden defendernos de la delincuencia si ellos mismos no cumplen las leyes más básicas? Bueno, por eso sus gestiones han sido como las que se han visto”.
El diputado Romero expresó que «todos los proyectos aprobados por el Gobierno Regional son fruto del consenso del Consejo Regional, donde todos los consejeros, independientemente de su afiliación política, participan en las decisiones». En este sentido, Romero enfatizó que «las ayudas recibidas por el alcalde de Estación Central no son un logro personal del gobernador Orrego, sino del propio alcalde que presentó y ganó la aprobación de los proyectos por parte de todos los consejeros regionales». Por lo tanto, consideró riesgoso y desacertado que se utilicen estas gestiones para promover una imagen distorsionada del trabajo en equipo realizado por todo el Gobierno Regional.
En el documento presentado también se explicó que “es posible verificar la existencia de proselitismo político de parte de las autoridades, regional y comunales, los que se encuentran sujetos a las normas de probidad, debiendo ejercer sus cargos con prescindencia política, tal como lo exige la normativa vigente […] no pudiendo ocupar tiempo de la jornada de trabajo, ni bienes institucionales, ni menos funcionarios públicos para fines ajenos a sus funciones, como sucede en el caso denunciado para favorecer sus candidaturas en las elecciones de 27 de octubre próximo”.
“Sus actuaciones deben contribuir al desarrollo de la comunidad, ejerciendo sus funciones con preeminencia del interés general sobre el particular, por lo que su inobservancia debe ser sancionada y acarrear las responsabilidades correspondientes, pues quienes deben velar por el respeto de la normativa y fiscalizar su cumplimiento, no pueden abusar de su cargo para beneficio personal y/o de terceros y así obtener réditos para fines que la regulación expresamente prohíbe”, se agregó en el escrito presentado por los legisladores ante la Controlaría.
