El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la jurisdicción Concepción y Chillán, Carlos Aldana Fuentes, ordenó al Servicio Médico Legal de Santiago proceder, a la brevedad, a designar a un nuevo especialista en psiquiatría para que examine al condenado José Jacinto Otárola Sanhueza, quien cumple condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío en la causa conocida como episodio Laja-San Rosendo.
En la resolución el ministro en visita acogió la tacha deducida por los querellantes en contra de la perito que examinó al condenado, la doctora Jacqueline van Rysselberghe, por lo que, consecuencialmente, le restó toda validez jurídica al informe que evacuó la profesional.
“Que, como bien sostienen los querellantes, es público y notorio que la doctora Jacqueline van Rysselberghe ha formulado declaraciones de apoyo a personas condenadas por violaciones de derechos humanos, al concurrir al CCP de Punta Peuco, expresando al diario de circulación nacional ‘La Tercera’, que ‘No me siento acomplejada, yo creo que aquellas personas que están con enfermedades terminales deberían conmutarse para que la terminen en su casa’, dichos que como perito pueden reflejar un interés anticipado que le resta imparcialidad y objetividad en el resultado de la pericia, incurriendo así en la causal de recusación contemplada en el artículo 232, N° 2° del Código de Procedimiento Penal y en la inhabilidad contemplada en la ‘NORMATIVA TÉCNICO PERICIAL DE SALUD MENTAL’, que en su número 7.4, en cuanto prevé como causal a ‘Cualquier otra circunstancia que comprometa el principio de imparcialidad del peritaje (Creencias, prejuicios, contratransferencia entre otros)’”, sostiene la resolución.
El dictamen agrega: “Que de lo reflexionado se colige que la perito debió inhabilitarse para realizar la pericia encomendada y al no hacerlo, se acoge la tacha respectiva, restándole toda validez, debiendo, en consecuencia, designarse un nuevo perito para realizar su cometido. Que conforme a lo razonado precedentemente, se declara, que se acoge la tacha deducida por los querellantes en contra de la perito doña Jacqueline van Rysselberghe y por consiguiente se le resta toda validez jurídica a su informe 8-CCP-PQA-60-2024 que rola a fs. 330”.
“Que, en consecuencia y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, se dispone que el Servicio Médico Legal de Santiago designe, a la máxima brevedad, a otro profesional médico psiquiatra adulto, cuyo nombre comunicará al tribunal, para que efectúe una pericia al condenado José Jacinto Otárola Sanhueza, que se encuentra cumpliendo en el CCP Bío Bío, perito que deberá fijar fecha y hora para el reconocimiento o examen del periciado y comunicarlo al tribunal, con al menos tres días de anticipación, a fin de ponerlo en conocimiento de las partes, para los efectos que correspondan”, ordena el ministro Aldana Fuentes.
