Durante los últimos años en Chile, diversos casos de corrupción han salido a la luz, dejando al descubierto cómo el Sistema de Justicia Penal ha dado respuesta a ellos. Desde amplios sectores de la población las medidas han sido calificadas como insuficientes, contribuyendo a generar una sensación de impunidad por el trato de este tipo de delito versus los comunes.
Por ello, con el objetivo de identificar las reglas, instituciones y prácticas que condicionan, favorecen o perjudican la entrega de una respuesta adecuada a diversas manifestaciones de corrupción, se lanzó en Espacio Público el informe “El Sistema de Justicia Penal y su lucha contra la corrupción en Chile”, investigación realizada por Mauricio Duce, Cristián Riego, Valentina Zagmutt y Bastían Martínez.
Los autores analizaron la respuesta que los sistemas de justicia penal dieron a casos importantes de corrupción en cuatro países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile y Guatemala. En nuestro país la investigación se realizó en base a los casos Fragatas, Penta, Soquimich (SQM), Corpesca y Basuras, tomando en cuenta el ámbito institucional, procesal y operativo, penal sustantivo y otros elementos relevantes.
Para Mauricio Duce, director de Espacio Público y académico de la de la Universidad Diego Portales (UDP), “el informe permite indagar un área del funcionamiento de la justicia penal en Chile que no había sido investigada previamente y mapear con mucha mejor precisión lugares con puntos ciegos que pueden constituir obstáculos para la persecución penal de los delitos de corrupción que han estado fuera del debate público, los que que han tendido a centrarse excesivamente solo en la tipificación de los délitos y de su penalidad. Producto de la investigación tenemos muchas más áreas en donde habría que introducir mejoras y cambios”.
El lanzamiento se realizó en la oficina de Espacio Público y contó con la presencia de 40 asistentes de diferentes instituciones. Nuestro presidente ejecutivo, Diego Pardow, fue el encargado de dar las palabras de bienvenida, recalcando que el informe “es capaz de traducir a un lenguaje mucho más general datos técnicos en materia de corrupción”.
