Estudio: Chile es el país de la región que más ha avanzado en términos de anticorrupción

13 mayo, 2024

Así lo demuestra un nuevo reporte del estudio de abogados Albagli Zaliasnik, según el cual, ha habido mejoras significativas en Chile desde 2020, con un salto considerable en el número de chilenos que está al tanto de los juicios, del 38% en 2020 al 74% en 2024. El país también experimentó el aumento más dramático de encuestados que piensan que es probable que un infractor de la ley sea procesado, del 43% en 2020 al 79% en 2024.


Una encuesta realizada por la firma Miller & Chevalier Chartered de Estados Unidos, en conjunto con la firma chilena Albagli Zaliasnik (az), y otros estudios de abogados líderes en la región, muestra que Chile es el país de la región -junto con Uruguay- que más ha avanzado en términos de anticorrupción. Para el estudio, fueron consultados más de 1,000 profesionales en toda América Latina, representantes de numerosas industrias y tipos de empresas, desde corporaciones multinacionales que cotizan en bolsa hasta empresas locales y regionales. También fueron incluidos abogados, directores de riesgos, funcionarios de cumplimiento y una variedad de otros altos ejecutivos.

En general, la encuesta revela que la corrupción en la región sigue siendo generalizada y que el compliance corporativo, más allá de la aplicación de la ley, ha sido el factor clave para abordarla.

Rodrigo Albagli, Managing Partner de Albagli Zaliasnik (az) explica que “a pesar de que la visión de que la corrupción es alta en nuestra región, la encuesta muestra una caída de casi 20 puntos en las empresas que estiman que han perdido negocios debido a la corrupción, pasando de 60% en 2008 a 41% este año. Así también, cada vez más empresas están adoptando estrategias de cumplimiento y 80% sostiene que está tomando medidas para mitigar riesgos de corrupción. Sin embargo, aún 46% de los ejecutivos en la región afirma que la corrupción es un obstáculo importante para hacer negocios”.

Las cifras revelan mejoras significativas en Chile desde 2020. Ha habido un salto considerable en el número de chilenos que están al tanto de los juicios, del 38% en 2020 al 74% en 2024. El país también experimentó el aumento más dramático de encuestados que piensan que es probable que un infractor de la ley sea procesado, del 43% en 2020 al 79% en 2024.

Los chilenos tienen la percepción de que las leyes anticorrupción en nuestro país se han fortalecido, y la mayoría percibe que la regulación anticorrupción es efectiva en un grado moderado o significativo (73% en 2024 versus 57% en 2020). Junto a Uruguay, Chile es el país que más confianza tiene en sus leyes anticorrupción.

Sólo el 22% de los encuestados chilenos ve la corrupción como un obstáculo importante para hacer negocios; sin perjuicio de que esta cifra es superior al 14% obtenido en 2020, este resultado sigue siendo bajo en comparación al resto de la región. En más de la mitad de los países encuestados, el 50% o más de los encuestados dijo que habían perdido negocios debido a la corrupción (en rojo a continuación).

Rodrigo Albagli destacó que “estos cambios podrían explicarse en parte por el fortalecimiento del régimen de responsabilidad penal corporativa chileno de los últimos años, sobre todo después de la promulgación de la Ley de Delitos Económicos, la cual entra en vigor en septiembre de este año. Las empresas chilenas saben que deben avanzar con rapidez hacia un modelo de compliance efectivo que responda a las exigencias de esta nueva normativa. De esa forma, de acuerdo con nuestro estudio, 88% de los encuestados sostuvo que actualmente le está dando prioridad y aumentando los recursos para sus programas de compliance, siendo Chile uno de los países que más está avanzando en ese sentido en la región”.

Detalle de otros países

Argentina

La corrupción en Argentina este año es calificada en su punto más alto de todos los tiempos, y el 50% de los encuestados dijeron que es probable que pierdan negocios como resultado, en comparación con el 30% en 2020.

Argentina es uno de los pocos países que registra una caída en el número de encuestados que afirman que la gestión de su empresa ha tomado medidas para protegerse del riesgo de corrupción, hasta el 67% desde el 87% en 2020. Respecto a la versión de 2020, Argentina bajó de categoría en relación al nivel de desarrollo de sus programas de compliance, pasando de una jurisdicción “desarrollada” a una “en desarrollo”.

Brasil:

El país es solo uno de los dos donde el conocimiento de los procesos judiciales ha disminuido desde 2020, del 93% al 88%. También ha habido una fuerte disminución en el número de brasileños que cree que es probable que un delincuente sea procesado, disminuyendo del 86% en 2020 al 71% en la encuesta de este año, en contraste con una tendencia regional en la dirección contraria. Sin perjuicio de esto, Brasil sigue posicionándose como uno de los países más desarrollados en cuanto a programas de cumplimiento.

Colombia:

Un número significativamente mayor de colombianos dice que la corrupción es ahora un obstáculo importante para hacer negocios, pasando del 23% en 2020 al 50% en 2024, y más colombianos citan la pérdida de negocios debido a la corrupción (32% en 2020 versus 44% en 2024).

Menos empresas en Colombia consideran que abordar el riesgo de corrupción es una prioridad máxima en 2024 (64%, frente a 77% en 2020).

México:

El 64% ve la corrupción como un obstáculo importante para hacer negocios en el país. Casi tres cuartas partes de los encuestados mexicanos dicen que abordar el riesgo de corrupción fue una de las principales prioridades en 2020, mientras que esa cifra disminuyó a solo el 61% en 2024.

Perú:

Perú tiene uno de los porcentajes más altos de encuestados (76%) que están conscientes del fortalecimiento de las leyes locales anticorrupción en los últimos años (solo superado por Chile, donde el 88% está consciente).

Un sorprendente 77% (frente al 59% en 2020) de los encuestados peruanos describieron la corrupción como un obstáculo importante para hacer negocios. Menos empresas en Perú están tratando el riesgo de corrupción como una prioridad máxima (del 73% en 2020 al 50% en 2024, menos que el promedio regional del 56%).

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