La agrupación sindical que integran los dos mil funcionarios de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) del país -y que dan vida al mayor articulador de acceso gratuito a la justicia de los más pobres en Chile- cumple 15 años, pero lo hacen sin celebraciones porque consideran que “sólo tienen “deudas y luchas pendientes” con sus usuarios.
Así lo enfatizó la abogada Claudia Fachinetti, presidenta nacional de la Fenadaj, para quien es insostenible que el sistema, que anualmente atiende a más de 661.000 personas en temas penales, civiles, laborales, de familia e infancia, cuente apenas con un presupuesto promedio de $72.000 por atención por usuario, mucha de ellas asistencias multidisciplinarias y de largo plazo que superan con creces este monto.
JUSTICIA INJUSTA
“Es una cifra ridícula si consideramos que el Presidente Sebastián Piñera, en su última Cuenta Pública, enfatizó la necesidad de mejorar el acceso a la justicia con cambios a la designación de jueces y fiscales mientras las CAJs, base del sistema de atención jurídica a los más vulnerables del país, ni siquiera obtiene su financiamiento fiscal en la discusión de la Ley de Presupuestos, lo que significa que, en la práctica, dependemos cada año de la buena voluntad de la Subsecretaría de Justicia de turno”, precisó la dirigente con cifras en la mano para avalar la cobertura nacional que prestaron en 2018:
165.385 causas tramitadas -con 76,7% de resultados favorables-; 706.721 orientaciones legales a víctimas en oficinas y móviles; 4.176 talleres, seminarios y cursos realizados para acercar la justicia a los pobres; 12.053soluciones colaborativa de conflictos y 1.361 atenciones a víctimas de delitos violentos, entre otras de sus tareas.
Para este 2019, el presupuesto de las cuatro CAJ del país alcanzó los $46.651.759 millones, cifra que contrasta con los $59.836.575 millones de la Defensoría Penal Pública y los $149.681.521millones del Registro Civil. “El año pasado ni siquiera alcanzamos a cubrir el 90% de los gastos de las cuatro CAJs, debiendo suplir el déficit con ingresos propios a través de convenios municipales, recuperación de licencias médicas y pagos de costas judiciales”, explicó Fachinetti.
SISTEMA BASADO EN PRACTICANTES
El funcionamiento del sistema es soportado hoy por 2.000 trabajadores y subsidiado por las prácticas profesionales de 4.000 egresados de Derecho que rotan cada seis meses. “Dos tercios del funcionamiento del sistema está basado en estos estudiantes que están ahí obligados sin recibir pago alguno, lo que debilita la entrega de una asistencia judicial oportuna, eficaz y profesional como garantiza la Constitución. El Estado no está asumiendo con responsabilidad este deber”, enfatizó la dirigenta.
Otro de los graves problemas son las precarias condiciones de trabajo. Según explicó, hay deficiencias de infraestructura, pues están obligados a trabajar con mobiliario en mal estado, sin espacios de atención dignos, sin computadores, impresoras y scanner, e incluso, sin internet y con softwares desactualizados, todo lo cual, insiste, atenta contra el acceso a la justicia que requieren los que más la necesitan en Chile.
“Evidentemente no tenemos mucho qué celebrar en estos 15 años. Sólo sentirnos muy orgullosos como gremio del alto nivel de rendimiento en resultados de juicios y de cobertura que venimos mostrando hace años pese tanta invisibilidad política y periodística”, reflexionó.
