La fiscala judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello Abdala, junto al juez presidente del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Guzmán Fuenzalida, y el subsecretario de Justicia Jaime Gajardo Falcón, se constituyeron en el Complejo Penitenciario Santiago I, con el fin de realizar un seguimiento a las medidas adoptadas por Gendarmería de Chile ante la persistencia de los reclamos de las personas privadas de libertad acerca de las organizaciones criminales que operan desde su interior.
Respecto de la visita –que se desarrolló la tarde de ayer lunes 19 de septiembre- la fiscala judicial Cabello reflexionó que “si bien tenemos hacinamiento en todas las cárceles, pareciera que donde primero ha repercutido el tema de las bandas organizadas ha sido entre los primerizos (…) y también la cantidad de personas privadas de libertad extrajeras, de las cuales tenemos tan poca información que quedan en el área de los primerizos no siéndolo. Por lo que se hace necesario profundizar la cooperación internacional para identificar a las personas y su grado de compromiso delictual en sus respectivos países”, aseveró.
Por su parte el juez Fernando Guzmán comentó que “en general cuando uno termina estas visitas de cárcel la sensación es de extrema frustración, pues las condiciones de hacinamiento, higiene e inseguridad son deplorables, haciéndose muy difícil que se cumplan los fines de la pena impuesta mediante las sentencias condenatorias, en particular la rehabilitación y reinserción social, además de algún grado de prevención general y especial que desincentive la comisión de nuevos delitos”.
“Sin embargo –agregó- en esta oportunidad me retiro con mayor optimismo, pues ante la magnitud del problema y la complejidad de las soluciones para morigerar la situación constatada, la presencia de la fiscala de la Corte Suprema y del subsecretario de Justicia en esta visita, es una demostración de que el Estado en su conjunto ha decidido dar señales potentes de que se hará lo posible por respetar la dignidad de los presos, procurar generar las condiciones para una efectiva rehabilitación y reinserción social, y por desterrar las organizaciones criminales que afectan tanto la seguridad interna como externa de los recintos penales”.
Finalmente, el magistrado reflexionó sobre la importancia de la búsqueda de soluciones colaborativas de las distintas instituciones públicas involucradas, ya que “no es posible que cada organismo público culpe al otro de las dificultades que se suscitan en relación a la ejecución de las prisiones preventivas y condenas privativas de libertad. En lo que respecta a la administración de justicia, desde luego esperaría mayor prioridad y agilidad en las investigaciones del Ministerio Público; defensores con contactos, vínculos y lazos más estrechos y profundos con sus defendidos; y una Coordinación del Centro de Justicia de Santiago que no siga obstaculizando que las audiencias de control de legalidad de la detención y visitas semanales de cárcel se hagan con la presencia directa de jueces, no justificándose que sigan realizándose por videoconferencia”, concluyó.
Al concluir la visita, la delegación sostuvo un encuentro privado con el director nacional de Gendarmería y el alcaide del Centro de Detención Preventiva Santiago I.
