Fundación Comprometidos pide auditoría por la implementación de la ley N 21.030

5 octubre, 2019

Distintas organizaciones de la sociedad civil, partícipes del movimiento feminista, como Fundación Comprometidos, Mesa de Acción por el Aborto en Chile, Corporación Humanas y Ni Una Menos Chile; del área de la Salud Pública, como el Colegio de Matronas-Regional Metropolitano; y junto con las parlamentarias Camila Vallejos (PC), Karol Cariola (PC) y Camila Rojas (IA) y el diputado Víctor Torres (DC) -entre otras personas y agrupaciones firmantes-, presentamos una solicitud a la Contraloría General de la República –iniciativa liderada por la activista feminista y subdirectora de Fundación Comprometidos, Karen Espíndola– para que realice una auditoría destinada a fiscalizar la implementación de la ley N° 21.030, sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo por tres causales.

Está petición se fundamenta principalmente en los diversos obstáculos que está implementación ha evidenciado, según ya ha sido constatado por diversas agrupaciones feministas como la Mesa por Acción de Aborto en Chile y Corporación Humanas , y considerando casos publicados en diversos medios de comunicación, como CIPER Chile , que dan cuenta de graves vulneraciones a los derechos de mujeres que, estando en algunas de las causales legales, no han recibido las atenciones de salud que la actual ley exige.

Dicha norma jurídica -originada de un Mensaje Presidencial, aprobada por el Poder Legislativo y modificada en forma ilegítima por el Tribunal Constitucional, principalmente en lo referido a la regulación de la figura de la Objeción de Conciencia-, representa un reconocimiento de derechos de las mujeres que, aunque mínimos, todos los organismos del Estado tienen el deber de respetar y cumplir.

Esperamos que esta petición sea acogida porque es necesario que sea ahora la institucionalidad pública encargada de fiscalizar los actos del gobierno, la que verifique si aquel ha ejecutado en el sector público –que es donde se atienden las mujeres más vulnerables del país– las normas aprobadas por el Poder Legislativo y que representan un derecho adquirido de manera legítima luego de una larga lucha feminista.

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