Fundación Paz Ciudadana entrega a comandos presidenciales propuestas en seguridad pública y justicia

—La institución llamó a poner el foco en la prevención de los delitos, la modernización policial para una mayor eficiencia en las calles, cambios en las áreas de persecución y juzgamiento, y apoyo real a los condenados para su reinserción.

 

La Fundación Paz Ciudadana presentó esta mañana, a los jefes programáticos de las candidaturas presidenciales, sus propuestas en seguridad y justicia para el periodo de Gobierno 2018-2022, con un fuerte énfasis en el desarrollo de acciones de  prevención del delito y de control de la actividad policial para impactar definitivamente en los crecientes niveles de victimización y temor, que posicionan a la delincuencia como una de las tres principales prioridades ciudadanas.

 

Para ello, su director ejecutivo, Daniel Johnson presentó propuestas en 4 áreas críticas y en donde a juicio de la Fundación, se debe trabajar decididamente: Prevención del delito, modernización policial, persecución criminal y juzgamiento; y reinserción. A la actividad asistieron, Gonzalo Blumel, macro coordinador programático de Sebastián Piñera; Sergio Echeverría, Alcalde de San Joaquín como representante de Alejandro Guillier; el abogado Juan Pablo Hermosilla representante de Carolina Goic; Sebastián Depolo, coordinador general de la campaña de Beatriz Sánchez; y, Álvaro Pezoa, jefe del programa de José Antonio Kast.

 

“Hemos puesto a disposición de los candidatos presidenciales acciones que razonablemente pueden ser abordadas en un próximo gobierno y que pueden impactar en los altos niveles de victimización y temor. La ciudadanía no quiere frases de campaña, quiere soluciones concretas y reformas que no sean reactivas ante la criminalidad y que mejoren la calidad de vida de las personas en sus hogares, barrios y lugares de trabajo. Ese es el compromiso de nuestra Fundación”, dijo Johnson.

 

 

En Chile —explican en la Fundación— sólo 1 de cada 10 pesos se destina a la prevención de los delitos. La delincuencia es un fenómeno complejo que varía de comuna en comuna y las municipalidades no cuentan con recursos suficientes para implementar programa s de prevención. En esta área la Fundación propone:

 

• Modernizar la Política Nacional de Seguridad Pública Interior enfocándola en la prevención e incorporando respuestas a los nuevos delitos, definiendo el rol de los gobiernos locales, la participación ciudadana y la responsabilización y rendición de cuentas de las instituciones hacia la ciudadanía.

 

• Implementar programas de prevención temprana de la violencia y el delito focalizados en niños y adolescentes en riesgo de deserción escolar y de consumo problemático de alcohol y drogas, entre otras vulnerabilidades.

 

• Fortalecer los Consejos Comunales de Seguridad mediante la entrega de recursos económicos, capacitación de los equipos profesionales y ampliar su instalación a nuevas comunas con problemas socio delictuales.

 

• Mejorar la seguridad de los espacios públicos como plazas y calles incorporando, desde su diseño, criterios de planificación urbana que promuevan la prevención del delito.

 

 

En Chile, semestralmente, 4 de cada 10 hogares son víctimas de robos y hurtos. Muchos afectan al mismo hogar, ya que las estadísticas muestran que el 20% de los hogares concentra el 80% de los delitos. Lamentablemente, explicó Johnson, sólo se denuncian 4 de cada 10 delitos, porque la gente no confía en el sistema. En esta área se propone:

 

• Garantizar que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública defina las estrategias y controle el accionar de las policías tal como dicta la Ley, enfocando las acciones de Carabineros en la prevención del delito.

 

• Crear en Carabineros la especialidad de policía comunitaria dedicada a ejecutar estrategias de reducción del delito, prestar servicios de apoyo a la comunidad y víctimas, y rendir cuentas en los Consejos Comunales de Seguridad Pública.

 

• Regular las labores investigativas de la PDI y Carabineros para reducir la descoordinación entre ellas e ineficiencias en el uso de recursos públicos.

 

• Crear una policía de tránsito en el nivel regional, que permita liberar a Carabineros de estas tareas que consumen gran cantidad de recursos, con el fin de privilegiar la prevención de los delitos en los territorios.

 

 

En Chile, según estadísticas del Ministerio Público, 8 de cada 10 robos denunciados no se investiga y son archivados por no contar con información suficiente. También, hay un alto número de presos —100 mil adultos y 10 mil jóvenes— con un importante costo social y económico y sin rehabilitación efectiva. Estudios demuestran que la mejor manera de reducir la delincuencia no es subir las penas, sino aumentar la probabilidad de detener al infractor. En ésta área, Fundación Paz Ciudadana propone:

 

• Crear un sistema de control que asegure que las primeras diligencias investigativas logren levantar pruebas suficientes para resolver los delitos.

 

• Centrar la investigación de la Fiscalía en focos y bandas criminales, mercados de bienes robados y narcotráfico, todos relacionados con la comisión de otros delitos.

 

• Sacar del sistema penal a infractores primerizos con adicciones, sometiéndolos a la acción de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en las capitales regionales, ya que han mostrado ser efectivos en la rehabilitación.

 

• Crear tribunales y salas especializadas en el juzgamiento de jóvenes infractores de manera de establecer sanciones que promuevan su reintegración social.

 

• Mejorar las medidas de protección a víctimas de violencia intrafamiliar y de delitos contra la integridad sexual, utilizando medios electrónicos que alerten de la cercanía del agresor.

 

 

Estudios demuestran que el 51% de los adultos egresados de las cárceles delinque antes de 3 años de su egreso y el 54% de los jóvenes reincide antes de 2 años. $700.000 pesos al mes cuesta mantener a un preso. Los jóvenes cometen más delitos graves, como homicidios y robos violentos, que los adultos. El 43% de los reclusos adultos pasó por un centro de menores y no se logró su reinserción. La Fundación propone en ésta área:

 

• Promover un nuevo Código Penal, ya que el actual es anterior a la Guerra del Pacífico, para perseguir penalmente nuevos delitos tales como los ambientales y cibernéticos, estableciendo sanciones apropiadas.

 

• Crear un servicio especializado en la reinserción social de los jóvenes que entregue programas específicos a las necesidades de cada infractor, para reducir la reincidencia y facilitar su reinserción.

 

• Modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para promover sistemas alternativos de resolución de conflictos penales y corregir falencias del sistema como: la duplicidad de sanciones y falta de regulación del tratamiento de casos que involucran la participación de adultos y niños o jóvenes.

 

• Promover una Ley de Ejecución de Penas para generar estándares mínimos de: control del cumplimiento de las condenas, provisión de programas de reinserción y de transición del medio cerrado al libre, y respeto de derechos y deberes de los condenados.