La atención del sector público chileno se concentra en la jornada de este jueves 4 de diciembre, fecha en que el Gobierno se comprometió a entregar su respuesta formal al Pliego de Negociación 2025 presentado por la Mesa del Sector Público (MSP). Este hito marca el punto culminante de un proceso que definirá las condiciones laborales y salariales para más de 900 mil funcionarios del Estado. La negociación adquiere un carácter de suma importancia, ya que representa el último proceso formal que la MSP sostendrá con la actual administración del Presidente Gabriel Boric.
La exigencia económica central del documento, coordinado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) e integrada por 16 organizaciones, es un reajuste real del 2% aplicable de diciembre de 2025 a noviembre de 2026. Este incremento es demandado para la totalidad del sector público sin exclusión, buscando mejorar el poder adquisitivo de los empleados fiscales.
Junto al reajuste, el petitorio busca establecer nuevos ingresos mínimos por estamento, con cifras que buscan dignificar los salarios de entrada al servicio. La propuesta de la MSP fija una base de $591.483 para auxiliares, $658.265 para administrativos y $700.241 para técnicos. Además, se solicita un bono mensual de $63.502 para aquellos trabajadores con remuneraciones brutas inferiores a $798.015, buscando aliviar la carga de los salarios más bajos.
Trabajo Decente y Fortalecimiento Público
Más allá de las exigencias monetarias, el documento enfatiza la urgencia de avanzar en materias laborales que han sido históricamente postergadas. Las organizaciones han puesto un foco crítico en la derogación de la causal de vacancia por salud incompatible, que permite la desvinculación de funcionarios por motivos médicos. Este es un punto particularmente sensible, especialmente para el sector de la salud pública, representado por organizaciones como la Confederación FENATS Unitaria.
Otras demandas centrales incluyen el fortalecimiento de la estabilidad laboral a través de la titularidad y el cumplimiento de acuerdos pendientes en áreas vitales como salud mental, cuidado infantil y seguridad funcionaria. La Mesa también ha insistido en la necesidad de eliminar los criterios de exclusión que actualmente limitan la cobertura universal de aguinaldos y bonos (vacaciones, escolaridad, término de negociación), buscando equidad para todos los empleados estatales. Finalmente, se exige una propuesta concreta para la aplicación de la reducción de jornada a 40 horas en la administración pública.
Desde la dirigencia sindical, las expectativas se centran en obtener un acuerdo sólido que trascienda lo económico. Ricardo Ruiz Escalona, presidente de la Confederación FENATS Unitaria, principal gremio de la salud pública chilena, destacó la importancia de la respuesta del gobierno. “Esta comunicación es importante en cuanto se dará respuesta a las necesidades de reajuste del 2025-2026. Esperamos como primera cosa, definiciones sobre estabilidad laboral, mejorar nuestras condiciones económicas sobre el IPC y fundamentalmente ver el tema de trabajo decente, un pronunciamiento sobre el tema de salud mental y otros grandes temas y también el fortalecimiento de la salud pública”, señaló Ruiz.
El dirigente sindical enfatizó que esperan la mejor respuesta a los trabajadores en el último año de gobierno del Presidente Boric, buscando consolidar las políticas de lucha sindical, incluyendo el tema de los incentivos al retiro: “Creo que aquí se cristaliza una política de conversación y lucha sindical importante donde las organizaciones han jugado su rol sustantivo en sus posiciones. Esperamos que esta negociación obtenga la mejor respuesta para los trabajadores en este último año de gobierno y que esta impacte también en una mejora sustantiva de las condiciones de la atención a los usuarios de la salud pública”.
