El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó por el delito de tortura sexual a A.R.F.M., funcionario público del Hospital Psiquiátrico del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak. De esta forma, se adopta la calificación jurídica planteada por la Sede Regional Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su calidad de querellante. De esta forma, se adopta la calificación jurídica planteada por la Sede Regional Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su calidad de querellante, fijándose en ese sentido la respectiva pena.
En el veredicto, el tribunal argumentó en base a normativa, jurisprudencia y estándares de Derecho Internacional de Derechos Humanos, los mismos que invocó el INDH en su querella y posteriores alegaciones. Para el director del INDH, Sergio Micco, “este no es un delito cualquiera, es violencia de género en contra de una persona internada en un recinto por su estado de salud. Pero, además, es un delito cometido por un agente del Estado y en un recinto del Estado. Lo que aumenta la gravedad del caso y marca un precedente importante en la protección de los derechos humanos en nuestro país, por ser la primera condena por el delito de tortura sexual”.
Los hechos del caso se remontan al 3 de febrero de 2019, cuando el condenado causó graves sufrimientos de tipo sicológico y sexual a la víctima, de forma discriminatoria en razón de su género y su estado de salud mientras se encontraba bajo su cuidado y custodia en dependencias del recinto de salud mental Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak. Por estos hechos, se produce la primera condena por el delito de tortura sexual en nuestro país, desde que entró en vigencia la Ley N° 20.968, que tipifica el delito de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El tribunal, estableció una pena de ocho años y seis meses de presidio mayor en su grado mínimo y accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. La pena deberá cumplirse de manera efectiva y se le deberán restar los 536 días de prisión preventiva del condenado.
Durante las cinco jornadas que duró el juicio oral, se escucharon los alegatos de apertura del Ministerio Público, el querellante INDH y la defensa del imputado. Se procedió a la rendición de pruebas ante el tribunal, prestando declaración cuatro testigos, todos funcionarios del Instituto Psiquiátrico Horwitz, las que fueron complementadas con registros fotográficos y audiovisuales de los hechos constitutivos de la tortura sexual, junto con otros documentos relativos a las atenciones médicas de la víctima.
