Las Municipalidades del país realizan una gran gama de actividades en materia de prevención social y de seguridad pública. Así lo confirma el 2º Informe de Iniciativas Municipales en Seguridad de la Universidad Diego Portales que registró un total de 4.310 iniciativas que 314 municipios del país se encuentran realizando a la fecha.
El 91% de los municipios del país respondió a nuestra solicitud de información. Se organizaron las actividades que ellos realizan en tres ámbitos: Institucionalidad, que se refiere a la existencia de una Dirección de Seguridad, la existencia de una defensoría de víctimas y la conformación de comités de seguridad en las comunas. En segundo lugar, iniciativas o acciones asociadas a grupos vulnerables. En tercer lugar, acciones de prevención territorial y que dice relación con la existencia de personal, vehículos municipales, presencia de cámaras, pórticos lectores de patentes, drones. Incluimos además teléfonos de emergencia o proyectos de alarmas comunitarias, entre otros.
La mayor parte de las municipalidades han implementado iniciativas específicas de prevención en seguridad. En promedio registramos 14 acciones, aunque existe una gran variabilidad. Entre las comunas que presentan un mayor número de actividades se cuentan La Serena, Las Condes, Lo Barnechea, Padre Hurtado, Providencia, Colina y La Pintana. Se observa, además que la mayor parte de las comunas que están implementando un alto nivel de acciones son de la Región Metropolitana.
Las iniciativas más recurrentes en el país son contar con vehículos municipales (96%), tener guardias o inspectores municipales (91%), acciones de recuperación de espacios públicos (86%), cámaras de televigilancia (83%), centrales de televigilancia (77%) y encuentros con vecinos (77%). De modo esperable, constatamos que la disponibilidad de recursos a nivel municipal está correlacionada con la cantidad de iniciativas que se desarrollan en el ámbito de seguridad, lo que pone en evidencia la importancia que adquiere el acceso de recursos por parte de las Municipalidades.
Del mismo modo se advierten fuertes brechas entre municipios en la disponibilidad de determinados recursos como automóviles, personal y cámaras. Por ejemplo, la Municipalidad de Las Condes reporta 3.928 cámaras de televigilancia, lo que es significativamente superior al promedio nacional. Lo mismo sucede con la disponibilidad de vehículos o de personal donde existen diferencias muy significativas entre comunas. Un fenómeno emergente se refiere a los Comités de Seguridad que muestra cifras muy altas en comunas como La Reina, Cerro Navia, Renca, Hualañé, Osorno, Temuco, Lo parado, La Cisterna, Quinta Normal y Puerto Montt.
Se advierte además que la instalación de cámaras, la compra de vehículos o la incorporación de nuevas tecnologías como pórticos y drones suponen inversiones millonarias para los municipios, transformándose en una tendencia que viene consolidándose en diversos municipios. Al respecto, se sostiene en el Informe que se requiere realizar evaluaciones del impacto que puede tener este tipo de iniciativas tanto como instrumentos de disuasión como tecnologías útiles para la investigación penal. Así mismo, ya existen iniciativas para interconectar este tipo de tecnologías, lo que parece ser un paso imprescindible dada la movilidad y sofisticación que adquiere el delito.
La información que aporta este informe ayuda a dimensionar las sustantivas diferencias que existen entre comunas tanto por sus condiciones sociodemográficas como por sus recursos y capacidades instaladas. Por ejemplo, en el marco de la discusión del proyecto de ley sobre seguridad municipal resulta imprescindible tener en cuenta estas diferentes realidades dado que no es lo mismo el rol que podrían llegar a cumplir inspectores municipales en comunas con baja densidad poblacional y rurales respecto de comunas con alta densidad y altas capacidades e instalaciones de una infraestructura de seguridad. Este informe busca aportar a las políticas públicas del país a partir de análisis basados en evidencia y a partir de ello, generar recomendaciones de política.
