El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó hoy la prisión preventiva del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba del Pedregal, imputado por el Ministerio Público como autor de delitos tributarios, asociación ilícita, fraude al fisco y lavado de activos. Ilícitos presuntamente perpetrados entre 2011 y 2021, en territorio jurisdiccional del tribunal.
En la audiencia, la magistrada María Carolina Herrera Cortés-Monroy ordenó el ingreso de Torrealba del Pedregal a cumplir el régimen cautelar más gravoso, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, el tribunal fijó un plazo de investigación de 150 días.
Respecto a la necesidad de cautela, la jueza Herrera razonó en su deliberación que “aun con una eventual plausibilidad de que no prospere la pretensión punitiva del Ministerio Público y querellante, respecto al tipo penal de asociación ilícita y la circunstancia de su irreprochable conducta anterior, dos de los delitos que se le imputan, en carácter de reiterado, tienen como pena mínima la de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, pena de crimen, parten en cinco años y un día, unido a las penas de presidio menor en grado medio por los delitos tributarios, en carácter de reiterado que hace elevar las penas. Por lo que en caso de condena el imputado arriesga el cumplimiento de una pena efectiva”.
En este sentido, “más allá del aspecto formal del número de delitos reiterados imputados y las penas asignadas a los mismos, el hecho de actuar en grupo (…) el tribunal tiene en especial consideración el carácter de los mismos. Desde que la persecución del delito de fraude al fisco y lavado de activos son herramientas penales para reprimir la corrupción y velar por el correcto desempeño de la función pública (…) el imputado afectó entre otros bienes jurídicos la infracción a un deber personal de corrección y probidad que pesa sobre quienes ejercen un cometido de especial relevancia social, como lo es la función pública en que se produce un ataque al patrimonio estatal desde dentro, por quienes tienen el deber de resguardar ese patrimonio”, agregó.
Además, consignó la magistrada en su resolución, “tenía el deber, en su calidad de alcalde, de observar una conducta funcionaria intachable, tener un desempeño honesto y leal de la función o cargo, para lo cual fue elegido por los ciudadanos, no respetó la preeminencia del interés general sobre el particular y muy en especial la afectación de los derechos o de las legítimas expectativas de la ciudadanía (…) con su actuar socavó la confianza pública en sus instituciones democráticas y sus representantes, qué tanto perjudica la estabilidad política del sistema democrático”.
“Todos motivos que hacen materializar la suficiente necesidad de cautela para considerar, por ahora, que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, ante lo cual se decreta su prisión preventiva”, concluyó la jueza María Carolina Herrera en su resolución.
En la primera jornada de la audiencia de formalización de la causa (jueves 15 de junio), el tribunal impuso las cautelares de arresto domiciliario nocturno, firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre los coimputados para Antonia Larraín Prieto, Arnaldo Andrés Cañas González, Augusto César Silva Silva, Domingo Prieto Urrejola y José Renato Sepúlveda Nebel, imputados por el Ministerio Público como autores de delitos reiterados de fraude al fisco, perpetrados entre 2011 y 2020 en la comuna de Vitacura.
Los hechos
Según el ente persecutor, en la Municipalidad de Vitacura, diferentes mecanismos -inmersos en la obtención de financiamiento, subvenciones e incrementos para las organizaciones comunitarias- posibilitaron que dineros públicos fueran desviados en las cuentas bancarias del entonces alcalde de la comuna, Raúl Torrealba del Pedregal, y su cónyuge.
En estos procedimientos participaron funcionarios municipales, que ejercían cargos públicos de director y subdirectora de desarrollo comunitario, representante del consejo local de deportes de Vitacura, director ejecutivo de las organizaciones comunitarias, gerente de administración y finanzas, contador, y administrativo de contabilidad; todos los cuales habrían recibido instrucciones para desviar fondos municipales.
Con el fin de justificar esos egresos de dinero, se obtuvo de personas relacionadas -principalmente con los contadores- boletas y facturas ideológicamente falsas, por cuanto no hubo prestación de servicio alguna que justificare la emisión de dichas boletas.
Además, los imputados habrían desviado fondos públicos, que emanaba de ingresos municipales con ocasión de concesiones y que requerían decreto alcaldicio, como la entrega en comodato al Consejo de Deportes de Vitacura y la piscina Acuavida; la explotación de letreros publicitarios, entre otros, tras lo cual parte de esos ingresos se entregaron mensualmente en dinero efectivo al imputado Torrealba.
Estas maniobras -efectuadas entre los 2011 y 2021- causaron un perjuicio al patrimonio fiscal que equivalente a más de 750 millones de pesos.
