De la inquietud pasaron al estado de alerta, y de ahí, a la desesperación. Este es el ambiente que se respira entre los proveedores de la industria de la salud ante un escenario adverso que se viene prolongando por varios meses, marcado principalmente por la creciente deuda impaga, de más de 100 días, que mantiene el Estado con las empresas del sector, luego que el gobierno deshabilitara hace un año la plataforma de pago automático; a lo que se suma las deudas de los prestadores privados de salud debido a la profunda crisis que afecta a las isapres y que ha golpeado también a los proveedores de insumos médicos. A esto se agrega un tercer factor, como es el retraso en la construcción y entrada en funcionamiento de nuevos hospitales.
El resultado de esta ecuación es fatal: una pronunciada caída en la demanda, que el año pasado registró una disminución en torno al 40%, según advierten desde el rubro, y que en la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud aseguran que se mantiene en esa misma trayectoria descendente este primer trimestre del año. La consecuencia de este escenario, puntualizan en el gremio, “es que la mezcla de deudas impagas por parte del Estado y de los prestadores privados de salud, más la caída en la demanda, es que muchas empresas, en su mayoría pymes, se están quedando sin flujo de caja para seguir funcionando y es cuestión de tiempo que parte de ellas tengan que bajar la cortina y no pueda seguir entregando insumos médicos, no porque no quieran, sino porque se verán financieramente impedidas de hacerlo, con las nefastas consecuencias que eso tendrá para todo el sistema de salud”, enfatiza Eduardo Del Solar, Director Ejecutivo de APIS.
El representante gremial explica que “si bien las empresas del sector se manejan con un cierto margen de retraso en el pago por parte del Estado, cuando esta se comienza a
acumular por más de tres meses, como ocurre actualmente, se empiezan a generar agujeros financieros en las empresas, ya que estas también tienen compromisos financieros a los que deben responder, como el pago de productos que compran, remuneraciones, impuestos mensuales, entre otros, pero no lo pueden hacer si es que los adquirentes no les pagan por un tiempo prolongado. Esto se ve profundizado porque ahora hasta el sector privado mantiene deudas con los proveedores de la salud, lo que impide que las empresas puedan compensar por ahí, y la caída en la demanda agudiza la crisis, ya que se obtienen menos ingresos para hacer frente a la situación actual”.
Retraso de nuevos hospitales
Son varios los nuevos hospitales que el Estado tiene programado inaugurar, pero que por diversos inconvenientes no ha cumplido con los plazos estipulados. Algunos están retrasados en su construcción y entrega, mientras que otros, ya finalizados, siguen sin entrar en funcionamiento, como es el caso del Hospital El Salvador.
El problema es que ese retraso impacta a los proveedores de la salud, porque mientras los recintos hospitalarios no están en etapa final, o terminados, no se adquiere equipamiento ni insumos médicos para habilitarlos, afectando la demanda. Igual de complejo es que aquellos nuevos hospitales en los que si se ha comprado, como equipos, camas y otros soportes, pero el centro de salud no comienza a funcionar, genera problemas, por ejemplo, con las garantías de esos materiales, que se vencen, o el caso de las baterías que se deterioran, lo que aumenta los costos a los proveedores.
Al respecto, Eduardo Del Solar plantea que “cuando no se cumplen los plazos estipulados, los proveedores de la salud nos vemos afectados de dos maneras. Por un lado, una menor demanda, y por otro, que cualquier falla o problema de los equipos e insumos que el Estado adquiere para habilitar los nuevos hospitales, debido al retraso en el funcionamiento de esos hospitales, es absorbido como costo por los proveedores, cuando el retraso es responsabilidad del Estado y no de las empresas del sector”.
