El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció este lunes que envió hoy un oficio al Ministerio de Vivienda y Urbanismo solicitando que se aplique la Ley Nº 21.636, que establece reglas especiales tratándose de la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios, de modo de proceder a la ampliación del penal Santiago I, ubicado en el sector Pedro Montt.
El documento, firmado por el ministro Luis Cordero, advierte que este es un proyecto estratégico, por lo que próximamente se ingresará a trámite una iniciativa que permita que la obra esté exenta de determinados trámites, de modo de agilizar la construcción penitenciaria.
Hay que considerar que el Artículo 1 de la Ley Nº 21.636 establece que, en los casos en que se estime imprescindible para el resguardo de la seguridad nacional, de la seguridad pública interior y, especialmente, para la efectiva protección de la sociedad contra el delito, la reducción de la reincidencia y la protección de los derechos fundamentales de las personas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos propondrá fundadamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo las modificaciones a los planes reguladores intercomunales, comunales o planes seccionales a que refiere el Título II del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, que estime necesarias para permitir la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios existentes, como asimismo la construcción de recintos penitenciarios nuevos.
Fundamentos
Las razones para llevar adelante la iniciativa se vinculan con la Ley Nº 21.636, entre los que se puede indicar:
* Barrio judicial consolidado.
* Único terreno fiscal con condiciones de construcción (agua, luz) inmediata.
* Sistema de inhibición de telefonía ya en funciones.
* Cercanía con los tribunales para evitar traslados que pueden arriesgar fuga.
* Mensaje de la Ley Nº 21.636, que Establece reglas especiales, señala explícitamente que se requiere el cambio legislativo porque en Santiago, entre otros lugares, no es posible ampliar las cárceles por disposiciones de plan regulador.
