El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, junto al senador Felipe Harboe, presentó hoy al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández, el proyecto de ley sobre seguridad de fiscales, con el propósito de que el Ejecutivo patrocine su envío al Congreso. La iniciativa busca proteger a fiscales y funcionarios del Ministerio Público, quienes en el ejercicio de sus funciones o por el cargo que ocupan se exponen a agresiones o amenazas, que en ocasiones involucran incluso a sus familias.
Abbott y Harboe fueron recibidos en compañía de los fiscales regionales Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, y del Biobío, Julio Contardo, quienes junto al senador y al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, elaboraron la iniciativa legal.
«Hemos visto una serie de incidentes que han reflejado el riesgo que sufren tanto fiscales como funcionarios en el ejercicio de sus funciones o por el sólo hecho de desempeñar su cargo. Sin embargo, la legislación actual es insuficiente para sancionar a aquellas personas que atentan contra quienes ejercen estos cargos», dijo Abbott.
EL Fiscal Nacional destacó que hubo «una buena acogida del Gobierno, porque están conscientes de las dificultades que enfrentan los fiscales cuando hacen persecución penal, especialmente en delitos graves».
Muerte de ciudadano brasileño
Abbott calificó como un hecho extraordinariamente grave la muerte de un turista brasileño, quien sufrió un infarto al corazón camino al aeropuerto Arturo Merino Benítez, mientras en el lugar había una gran congestión vehicular por una manifestación de taxistas en contra de aplicaciones como Uber y Cabify.
Abbott calificó como un hecho extraordinariamente grave la muerte de un turista brasileño, quien sufrió un infarto al corazón camino al aeropuerto Arturo Merino Benítez, mientras en el lugar había una gran congestión vehicular por una manifestación de taxistas en contra de aplicaciones como Uber y Cabify.
En ese marco, explicó que la Fiscalía Metropolitana Occidente abrió una investigación de oficio para establecer si existen responsabilidades penales en el hecho. «Habrá que ver los grados de responsabilidad que existen, si esto obedece a un acto imputable a una persona en particular o a un grupo de personas», detalló, tras señalar que podría imputarse el delito de homicidio culposo.
El Gobierno anunció una querella por Ley de Seguridad del Estado contra quienes resulten responsables del bloqueo al aeropuerto, lo que a juicio de Abbott ayudará a la investigación, debido a que establece una penalidad y un marco jurídico diferente. «Contamos como querellante con el Ministerio del Interior y, en consecuencia, es una investigación en la que tenemos una participación activa de un actor relevante», dijo.
