Un intensivo ciclo de capacitaciones a jueces y funcionarios de tribunales penales y de familia encabezó la ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich con motivo de la pronta promulgación de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género.
En total, se realizaron 10 jornadas de capacitación de manera remota -entre el 28 de mayo y el 3 de junio- para un total de 1.530 personas a lo largo del país.
La actividad contó con la exposición de la propia ministra, y de las y los representantes de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, de la Dirección de Estudios y del Departamento de Desarrollo Institucional (DDI) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
La ministra Chevesich explicó que estas actividades de difusión tuvieron como finalidad dar a conocer el articulado de la nueva normativa “y además conocer qué es lo que se está haciendo al interior del Poder Judicial, tanto por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, tanto por la instancia técnica que conformé al efecto, tanto en sede penal como en familia para abordar las obligaciones que impone esta nueva ley”.
La normativa incorpora a la legislación nacional aspectos de la Convención Belém do Pará y pretende entregar mejores respuestas interinstitucionales a las mujeres y personas vulneradas.
Asimismo, la ley redefine la violencia de género, los deberes de los órganos del Estado e impacta en la tramitación de causas en los tribunales con competencia Familia y Penal.
“Hay una serie de nuevas obligaciones, por ejemplo, una de ellas es el seguimiento de las medidas cautelares impuestas al victimario y eso va a generar la realización de audiencias tanto en sede penal como de familia, entonces, eso es obviamente una labor difícil, una labor que va a requerirtiempo, agenda, funcionarios, funcionarias. Desgraciadamente, una vez más, esta ley no trae minuta financiera, por lo tanto, por el resto del año hay que hacerse cargo de esta falta de profesionales, de funcionarios, con los actuales recursos que se tienen”, señaló la ministra.
Agregó sobre este punto que “el problema es que no entrega los recursos, no solo al Poder Judicial, sino tampoco a las otras instituciones, o sea, el lamento que estoy haciendo ahora también lo ha manifestado el Ministerio Público, Carabineros de Chile, el Sernameg, entonces, en realidad es complicado en ese sentido”.
La ley incorpora la supervisión para el cumplimiento de las medidas decretadas por los tribunales con repuestas articuladas de las instituciones que abordan temas de violencia, entre otras materias.
