En la cita también participaron los rectores de los establecimientos que se han visto afectados, Fernando Soto y Humberto Garrido, del Instituto Nacional y del Liceo de Aplicación, respectivamente.
“Nuestra primera preocupación es la seguridad de toda la comunidad educativa. No queremos seguir viendo a profesores amenazados y agredidos, a alumnos y apoderados viviendo con temor”, dijo la Ministra Marcela Cubillos.
Por su parte, el alcalde de Santiago Felipe Alessandri dijo que “no tengo problemas en ejercer la autoridad, para eso fui elegido. Pero siempre he dicho que necesitamos herramientas legales que nos permitan ejercerla, que es lo que quiere nuestra comunidad educativa. Los manuales de convivencia están absolutamente superados, no están hechos para la violencia y para actos vandálicos que estamos viviendo hoy en día. Por eso, creemos que este proyecto de ley apunta hacia la dirección correcta, ya que protege a nuestros directores y profesores ante actos de violencia extrema”.
El Superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo, explicó que “como SIE vemos que este Proyecto de Ley va en la línea correcta, pues viene a regular una materia no contemplada en la actual normativa educacional, específicamente aquellos casos de extrema gravedad y violencia como los conocidos recientemente y que ponen en riesgo la buena convivencia escolar”.
Al respecto, la Intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, afirmó que “es el momento de decir basta. Y es por eso que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, enfrenta este tema llevándolo al Congreso. Y queremos pedir ayuda a los parlamentarios. No estamos hablando de problemas de manuales de convivencia, donde uno puede dejar a un niño, a una niña, o a un adolescente condicional, para intentar que cambie su conducta. Estamos hablando de hechos extremadamente graves. Estamos hablando de violencia extrema. No hay justificación, no es forma válida de revindicar ninguna causa»
Los rectores agradecieron el envío del proyecto por parte del Mineduc señalando que esto es un “fuerte apoyo a la Educación Pública”.
El rector del Instituto Nacional expresó que: “Esta medida nos dan algunas herramientas más a los directivos para garantizar a todos los miembros de nuestra comunidad un espacio de encuentro y aprendizaje, así que agradecemos esta iniciativa”.
Su par del Liceo de Aplicación, Humberto Garrido, agregó: “Le doy las gracias a la ministra (Cubillos) y a las autoridades, porque este proyecto es un apoyo a la educación pública. Estamos con toda la energía para tirar este carro hacia arriba y esta iniciativa va en pro de esa meta”.
EL PROYECTO DE LEY
El Proyecto de Ley que el Gobierno, que ingresará la próxima semana a tramitación, busca modificar el DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley nº 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales.
La modificación permitirá que, ante hechos graves de violencia descritos en el proyecto, el Director del establecimiento podrá tomar la decisión de expulsión o cancelación de la matrícula. Esta decisión deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y sus padres o apoderados, según corresponda. Estos podrán pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contados desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. Sin embargo, la interposición de la referida reconsideración no suspenderá los efectos de la expulsión y/o cancelación de la matrícula.
Corresponderá al Mineduc, tal como lo establece hoy la ley, velar por la reubicación del estudiante afectado.
El proyecto busca así armonizar tres derechos fundamentales: derecho a la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa, derecho al debido proceso y derecho a la educación del estudiante sancionado.
El procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula descrito se aplicará a los alumnos que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las siguientes causales:
- Uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas u otros elementos destinados a causar daño al establecimiento o a los miembros de la comunidad educativa;
- Envío, activación, lanzamiento o detonación de bombas o artefactos explosivos;
- Agresiones físicas graves que produzcan lesiones a cualquier miembro de la comunidad educativa, especialmente aquellas realizadas a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.
