El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto con las titulares de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, y de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, y el Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, lideró la firma de un protocolo para entregar ayudas económicas directas a los representantes del sector transportista agrupados en CONTTRAMEN, CONATACOCH y CONFENATACH.

El acuerdo con los transportistas –que incluye a taxis básicos, los taxis colectivos, el transporte escolar y el transporte público urbano y rural de regiones– consiste en la entrega de un bono por única vez de $ 350 mil y de la posibilidad de acceder a un préstamo de emergencia exclusivo de $ 320.500 al que se podrá solicitar por hasta tres veces.

“El Estado está haciendo un esfuerzo en ayudar directamente a un sector vital de nuestra economía y que hoy sufre los embates de la pandemia que son los transportistas de nuestro país. No me canso de repetirlo una y otra vez, pero este Gobierno no dejará solos a los chilenos y chilenas a superar esta crisis”, destacó el Ministro de Hacienda.

Añadió que el Gobierno está acudiendo y respondiendo de manera concreta a los desafíos que ha impuesto la crisis sanitaria “Con estas medidas, queremos que los transportistas del país, que día a día movilizan a los chilenos y chilenas en todos los rincones del territorio nacional, puedan afrontar la caída de sus ingresos”, indicó Ignacio Briones.

Por su parte, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, destacó: “Estamos contentos por el acuerdo que logramos. Esperamos que alivie la situación de muchos trabajadores del transporte de pasajeros que han enfrentado dificultades por efecto de la pandemia”.

La Ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, recordó que desde un comienzo se buscó una solución rápida y que permitiera aliviar la angustia que genera la disminución de ingresos producto de la pandemia. “Hoy felizmente llegamos a un acuerdo en vísperas de su día, que va a permitir entregar una ayuda concreta a miles de personas que cumplen un rol tan fundamental y que han visto muy golpeados sus ingresos y el sustento de sus familias.

El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, destacó que con esta nueva política “el transporte remunerado de pasajeros hoy cuenta con nuevas herramientas de protección social. Esperamos su rápida tramitación y aprobación en el congreso nacional”.

Las medidas que se establecieron en el protocolo de acuerdo son:

1) Bono de apoyo a microempresarios y conductores del transporte remunerado de pasajeros.

Se concederá por una única vez un bono por $350.000, que podrá solicitarse por un período de 60 días a contar del día en que la ley esté vigente.

El bono será compatible con todos los demás beneficios aprobados en el Congreso con motivo de la situación de pandemia COVID-19.

Asimismo, el bono no estará afecto a impuestos por lo que no podrá ser objeto de retenciones administrativas y tampoco será embargable. No obstante, podrá ser retenido por deudas de pensiones alimenticias decretadas por el correspondiente Juzgado de Familia. Tesorería, una vez notificada de la resolución de retención o embargo, estará facultada para retener hasta un 50%.

2) Préstamo de emergencia para el sector transporte.

Se concederá un préstamo financiado con un aporte fiscal, por un monto de $320.500, que se podrá solicitar mensualmente, por cada persona natural que sea beneficiaria, hasta en tres oportunidades.

Se podrá acceder a las primeras dos cuotas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, o tan pronto la ley que habilita la entrega de este préstamo esté vigente. La tercera cuota, podrá pedirse desde marzo 2021.

El préstamo sólo se reajustará por IPC, por lo que tendrá una tasa de interés real de 0%.

El préstamo tendrá un año de gracia, debiendo enterarse la primera cuota en septiembre de 2021. Se restituirá en cuotas mensuales de igual valor, en UF, mediante una cuponera que podrá ser electrónica y bajo un convenio de pago con la Tesorería General de la República.

El préstamo será compatible con todos los demás beneficios aprobados en el Congreso con motivo de la situación de pandemia COVID-19.

Además, no estará afecto a impuestos, no podrá ser objeto de retenciones administrativas, ni será embargable, salvo en el caso de retenciones por deudas de pensiones alimenticias decretadas por el correspondiente Juzgado de Familia.

Ignacio Briones enfatizó que la firma de este protocolo “es una muestra de cómo con diálogo y propuestas podemos concretar políticas públicas que benefician a cientos de miles de chilenos que lo están pasando mal”.