Por equipo ondaexpansiva
Durante años, fueron ellos quienes custodiaron las rejas, vigilaron los pasillos y ejercieron el poder dentro de los recintos penitenciarios. Fueron quienes hicieron cumplir las normas, aplicaron sanciones y, en no pocos casos, decidieron el destino inmediato de internos sometidos al régimen carcelario más duro del país. Hoy, sin embargo, el escenario cambió radicalmente: gendarmes detenidos por actos de corrupción enfrentarán la justicia y serán formalizados, convirtiéndose en protagonistas de aquello que antes combatían —o decían combatir—.
El dicho popular “beberán de su propia medicina” cobra aquí un sentido brutalmente literal. Quienes debían resguardar la legalidad dentro de las cárceles, según las investigaciones, habrían facilitado el ingreso de drogas, teléfonos celulares, alimentos prohibidos e incluso organizado verdaderas redes de comercio ilícito al interior de los penales, a cambio de dinero. No se trata de faltas administrativas menores, sino de delitos que erosionan la base misma del sistema penitenciario y fortalecen al crimen organizado.
La paradoja es evidente. Los mismos funcionarios que participaron —directa o indirectamente— en prácticas corruptas, hoy conocerán el rigor del sistema penal desde el otro lado: audiencias de control de detención, formalizaciones, medidas cautelares y eventualmente prisión preventiva. Aquellos que conocían cada resquicio del sistema judicial y carcelario ahora quedarán expuestos a él, sin privilegios ni atajos.
Estos hechos no solo indignan a la opinión pública; también confirman una sospecha largamente instalada: gran parte de los delitos que se coordinan desde el interior de las cárceles no podrían existir sin algún grado de complicidad interna. Las estafas telefónicas, el narcotráfico intrapenitenciario y el control territorial de bandas criminales encuentran en estas redes corruptas un terreno fértil para prosperar.
La detención y próxima formalización de estos gendarmes marca un punto de inflexión. Por una parte, demuestra que nadie está por sobre la ley, incluso quienes la representan. Por otra, deja en evidencia las falencias estructurales de Gendarmería: controles internos débiles, falta de fiscalización efectiva y una cultura de silencio que durante años permitió que estas prácticas se normalizaran.
Hoy, los roles se invierten. Los uniformes cambian por ropa de detenido, las órdenes por citaciones judiciales, y la autoridad por la incertidumbre. Beberán de su propia medicina, no como acto de venganza, sino como consecuencia inevitable de sus propios actos.
La señal es clara y necesaria: la corrupción dentro del sistema penitenciario no solo será investigada, sino castigada. Y aunque llegue tarde para muchos, es un recordatorio potente de que el poder mal utilizado siempre termina pasando la cuenta.
