La representante Residente del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, PNUD, en Chile, Georgiana Braga-Orillard, le hizo entrega este lunes a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia Martínez, el informe de resultados de la evaluación del sistema de apoyo formativo y sistema de reconocimiento y promoción de la Ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, promulgada en 2016 y que comenzó a implementarse en 2017. Esta evaluación se enmarca en una obligación legal que cada 6 años debe realizar un organismo internacional.
La actividad contó, además, con la presencia de otras autoridades del Ministerio de Educación, como la directora del CPEIP, Lilia Concha; con Beatrice Ávalos, Premio Nacional de Educación 2013 y académica del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE); y Beatriz Fernández, representante del Consejo de Asesores Expertos de la evaluación y académica de la misma institución.
Al respecto, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia Martínez valoró la visión externa que entrega el informe, ya que “recoge evidencia y realiza un diagnóstico compartido que puede orientar las decisiones que permitan avanzar en temas que son políticas de Estado”.
“El informe ha sido realizado por un grupo académico de personas que conocen el sistema y los desafíos del desarrollo profesional docente, lo que nos permitirá seguir impulsando iniciativas que fortalezcan esta profesión, clave para mejorar los aprendizajes de niñas, niños y jóvenes, que es nuestra preocupación principal”, añadió la autoridad.
Por su parte, la Representante Residente de PNUD Chile, Georgiana Braga-Orillard, destacó que “esta evaluación es un hito significativo, no solo porque aborda un tema fundamental para el presente y el futuro de nuestra sociedad, como es el desarrollo profesional de docentes y educadoras, sino también porque representa un ejemplo de nuestro compromiso con la mejora continua y la rendición de cuentas en la implementación de políticas públicas”.
Resultados
En relación al sistema de reconocimiento, los resultados de la evaluación arrojan que los avances en encasillamiento de docentes y tramos son los esperados a 6 años de implementación la ley, y más del 70% de los docentes y educadoras de párvulos lo consideran relevante para su desarrollo profesional. Además, la evaluación integral es percibida por docentes como una oportunidad para desafiarse y de reconocimiento profesional.
Por otro lado, y si bien hay avances significativos y valorados por docentes y directivos/as, todavía hay desafíos importantes en materia de fortalecer la coordinación y cooperación entre los diversos elementos del sistema.
Dentro de los nudos críticos del sistema, la evaluación destaca tres; uno de ellos tiene que ver con la implementación del sistema de desarrollo profesional docente en el nivel de educación parvularia. Educadoras/es de párvulo, directoras y expertos/as reportan la falta de pertinencia del diseño de componentes de la ley con este nivel educativo como la oferta de formación continua, evaluación docente y horas no lectivas, lo que genera que la implementación aún está en una etapa temprana en el nivel.
Por otra parte, la evaluación identificó como un problema la coexistencia de la Ley 20.903 y la evaluación docente puesto que docentes establecimientos municipales y de servicios locales de educación se someten a una doble evaluación generando un mayor agobio. La ley 21.625 que establece un sistema único de evaluación docente, y que fue recientemente promulgada, viene a resolver este importante desafío del sistema de reconocimiento docente.
Sobre el proceso de inducción al ejercicio profesional docente, si bien existe una alta valoración por parte de los docentes noveles que han participado por su contribución en el apoyo en aula, contención emocional, autonomía y aprendizaje mutuo; aún la cobertura es baja. Ante esto, la subsecretaria puntualizó que “si bien aún hay mucho que avanzar para mejorar el conocimiento y la inscripción a las mentorías, la modificación de la restricción de las 38 horas de contrato máximas, gracias a la ley 21.625, permite un aumento del 56% de las y los docentes elegibles”.
Por último, la autoridad agradeció el trabajo realizado al equipo técnico del PNUD y destacó que “estos resultados vienen a reafirmar el diagnóstico sobre el cual está trabajando el Ministerio de Educación y a dar un nuevo impulso a iniciativas que ya estamos abordando en materia docente y directiva, que apuntan a resolver los nudos identificados y hacer que un conjunto de procesos converjan, efectivamente, en un sistema al servicio de la educación de niños, niñas y jóvenes”.
