Investigadores chilenos serán los encargados de desarrollar este informe, que permitirá analizar las consecuencias sociales, emocionales y vitales que sufrieron trabajadores peruanos afectados tras desvinculaciones ocurridas a finales de los años noventa.
El académico Dr. Milton Contreras, de la Universidad Católica del Maule (UCM), y Felipe Norambuena, de la Defensoría Penal Pública del Biobío, han sido invitados a participar como perito social en un caso relacionado con vulneraciones sufridas por trabajadores en Perú tras procesos de desvinculación laboral durante el periodo del gobierno de Alberto Fujimori.
A diferencia de procedimientos anteriores, en esta oportunidad la corte y principal órgano judicial en materia de derechos humanos para América Latina, solicitó la incorporación de un peritaje social para evaluar, desde una perspectiva humana y social, los efectos de dichas vulneraciones en la vida de las personas afectadas. La solicitud surge tras un trabajo colaborativo previo entre defensores públicos interamericanos y profesionales chilenos expertos en el área.
Según explicó el Dr. Milton Contreras, académico de la Escuela de Trabajo Social UCM, “este peritaje no solo se enfocará en las consecuencias laborales, sino también en aspectos como el daño social, psicosocial y el impacto en los proyectos de vida de las personas evaluadas”, mencionó.
El proceso representa un desafío inédito, dado que implica analizar el contexto histórico, social y político de Perú desde 1996 en adelante, incorporando una mirada integral que supere la tradicional evaluación documental que caracteriza a las pruebas en esta instancia judicial internacional regulada en la Convención Americana.
En ese sentido, Contreras, quien cuenta con una amplia trayectoria académica e investigativa en materias de peritaje social, detalló sobre su intervención: “No se trata solo de entrevistar, sino de reconstruir historias de vida marcadas por la vulneración de derechos humanos, evitando a su vez la revictimización de las personas”.
Asimismo, destacó la importancia de esta oportunidad: «Es un reconocimiento a la investigación y práctica del Trabajo Social, y su capacidad de aportar nuevas perspectivas para la protección de los DDHH”.
De este modo, la participación de los profesionales chilenos representa un avance significativo para la presencia de la disciplina en espacios de alta incidencia, abriendo nuevos espacios en el ámbito de la justicia y la defensa de los Derechos Humanos.
