La presidenta Gloria Ana Chevesich anunció, además, que la Corte Suprema convocará a distintos actores para analizar la formación y requisitos para la entrega de títulos para abogados y abogadas.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich Ruiz, reconoció que el Poder Judicial ha atravesado una crisis en los últimos años e hizo una llamado a los jueces y juezas deben subordinar sus intereses particulares al bien común de todos los ciudadanos.
Al acto -realizado en el hall del Palacio de Tribunales- asistieron el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; el presidente de la República electo, José Antonio Kast; la Contralora General de la República, Dorothy Pérez; los ministros del Interior, Álvaro Elizalde, de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, de la Mujer y Equidad de Género (s) Claudia Donaire; la presidenta (s) del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez; el Fisca Nacional (s) Héctor Barros; la Defensora Nacional, Verónica Encina; la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marisol Rojas; el futuro ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; autoridades del sector judicial y organismos colaboradores de la justicia.
“Hemos atravesado una crisis, eso es indudable. Los acontecimientos ampliamente conocidos son de una gravedad sin precedentes. Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor, lo que resiente en forma especial el ánimo de miles de funcionarios que día a día, con esmero y entrega, son el rostro directo del Poder Judicial frente a una sociedad cuya confianza ha sido defraudada. Comprendemos y empatizamos absolutamente con esos sentimientos, dijo la presidenta.
“Así como nadie puede dudar de la enorme gravedad de los hechos conocidos, cuyo impacto aún se encuentra en desarrollo, tampoco se puede desconocer que han operado los mecanismos institucionales para ponerles fin y excluir de la función jurisdiccional a quienes han traicionado los principios básicos de la probidad. Por nuestra parte, tanto en el ámbito disciplinario como ético se pusieron en ejecución los procesos que han contribuido al esclarecimiento de estas situaciones, culminando con la desvinculación de algunos integrantes de la judicatura. En otros casos, fue el Congreso Nacional el que, conociendo de los mismos, adoptó los procedimientos y decisiones propias previstas por la Constitución”, dijo la magistrada.
Agregó: “(…) hemos impulsado diversas medidas para prevenir hechos de esta naturaleza. Una de ellas fue la aprobación del nuevo Código de Ética Judicial, que es claro en relevar la probidad como la conducta intachable, el desempeño honesto y leal de la función, y que la opción por la judicatura es por el servicio público, lo que exige de nosotros, juezas y jueces, subordinar nuestros intereses particulares al bien común. Quien no comprenda esto o no esté dispuesto a asimilarlo debe saber que no tiene, ni puede llegar a tener, un espacio en la judicatura”.
La presidenta de la Corte Suprema hizo especial hincapié en el tema de la oportunidad de la respuesta jurisdiccional, que será otro de los ejes de su gestión. Para ello está en desarrollo un plan de trabajo.
“La oportunidad constituye un bien fundamental. No sólo porque una justicia lenta deteriora las expectativas de la sociedad y mina la confianza institucional; sino también porque afecta un derecho en el que existe un consenso indiscutido por su respeto y promoción: el acceso a la justicia (…) Hemos puesto en práctica, a partir de febrero, un plan de trabajo que contempla el levantamiento de información de tiempos de tramitación, con un diagnóstico detallado y desglosado por jurisdicciones y competencias de todo el territorio nacional promover la escucha activa con quienes laboran en los tribunales; levantar las buenas prácticas y gestiones positivas adoptadas por quienes han asumido un liderazgo en los órganos jurisdiccionales; generar la capacitación necesaria; y, finalmente, solicitar a cada unidad que presente un programa de acciones concretas, que será monitoreado bimensualmente desde esta presidencia, con la participación de los ministros visitadores de las respectivas cortes de apelaciones del país”, explicó la presidenta de la Corte Suprema.
Revisión de formación de abogados y abogadas
La magistrada anunció, además, que el Pleno de la Corte Suprema convocará a una instancia de trabajo para analizar la formación y requisitos para la entrega de título de nuevos abogados y abogadas como parte de una visión ética más amplia.
“Si bien nuestras energías se centran en evitar en nuestra institución la repetición de comportamientos indeseables, advierto con optimismo que la conmoción que ha generado la crisis abre una ventana de oportunidad para abordar la ética profesional con una visión amplia, en que puedan participar otros actores vinculados con la formación y ejercicio de la profesión jurídica. Esto no puede comprenderse completamente, ni menos superarse, si la abogacía no hace su propia introspección y revisa los estándares éticos con que ha asumido históricamente su función”, afirmó la ministra.
La presidenta Chevesich añadió: “No es casual que a la Corte Suprema le esté entregada, por ley, la responsabilidad de revisar y calificar la idoneidad de los postulantes que pretenden ser investidos con el título de abogado. Sin embargo, cuando se presentan en estrados como litigantes, somos testigos directos de su calidad técnica y ética, lo que nos habilita para sostener que se necesita una mejora al sistema actual, de manera que se pueda garantizar que quienes asuman oficialmente la profesión jurídica, cumplan en forma clara y sin subjetividades los requisitos de fondo y las exigencias morales que la sociedad considere que los hagan merecedores de tal prerrogativa; pero, además, que sea posible, de manera eficaz, el control de estos profesionales en su desempeño”, continuó la magistrada.
“Consciente de estos problemas, el Pleno de este tribunal acordó convocar a una instancia de trabajo interinstitucional para elaborar un diagnóstico y presentar propuestas, a la que invitaremos a instituciones académicas, al Colegio de Abogados, a la Academia Judicial y al Ejecutivo”, anunció.
Colaboración con otros poderes
La ministra Chevesich reconoció que el mejoramiento de la confianza ciudadana en la labor de los tribunales es deseable, pero que debe ser acompañada por otros poderes del Estado.
“Por una parte, resulta difícil soslayar la creciente tendencia a judicializar conflictos de naturaleza predominantemente social o política. No se trata, en modo alguno, de propiciar espacios exentos de control jurisdiccional, pues todo conflicto que revista relevancia jurídica debe poder ser sometido al conocimiento de los tribunales en un Estado de Derecho. Sin embargo, el fenómeno inverso —esto es, la activación temprana o primaria de la jurisdicción respecto de estas controversias que no han agotado instancias deliberativas, administrativas o regulatorias previas— tensiona indebidamente el sistema judicial, cuyo diseño institucional está orientado a resolver en forma definitiva disputas de este tipo que suponen el agotamiento de etapas previas”, afirmó la magistrada.
La presidenta tuvo en consideración: “Con todo, esta necesidad de recursos no se limita a nuestra institución: es un problema sectorial. El sistema de justicia involucra a múltiples actores. Si alguno de estos eslabones falla o funciona de manera deficiente, la promesa del acceso a la justicia se convierte en una declaración retórica y las personas perciben, con razón, que no se las protege”.
“Es aquí donde los colegisladores pueden apoyar en forma determinante en este objetivo, para que cada reforma que implique un aumento de competencias o un mayor estrés sobre los procedimientos judiciales sea acompañada, por una parte, de una reflexión profunda previa sobre el uso adecuado de la intervención judicial, y por otra, del aseguramiento de los recursos necesarios para su implementación efectiva”, cerró en este aspecto.
La ministra hizo un balance de las diversas tareas que el Poder Judicial realizó en el último año, las líneas jurisprudenciales de cada una de las salas de la Corte Suprema y la labor de las diversos comités y direcciones del máximo tribunal y las tareas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Independencia judicial
La magistrada cerró su alocución señalando que la independencia no es un privilegio, sino que una garantía para toda la sociedad y reiteró que cada actuación de jueces y funcionarios judiciales afecta la confianza pública.
“En el corazón del Poder Judicial late una convicción esencial: su independencia no es un privilegio corporativo, sino una garantía para la sociedad. Allí donde surge un conflicto entre el individuo y el poder —sea este político, económico o social— debe existir una jueza o un juez libre de presiones, que resuelva únicamente conforme a la Constitución y la ley. Garantizar los derechos de las personas constituye la razón más profunda y legitimadora de nuestra función. Por eso hacemos lo que hacemos. Y por eso esta cuenta pública no es un acto meramente formal; es una expresión concreta de la división de poderes, de nuestra responsabilidad institucional ante el país y de nuestra voluntad de apertura y transparencia”, planteó la magistrada.
“Junto con informar a la sociedad —destinataria de nuestra labor—, esta cuenta pública también interpela a juezas, jueces y funcionarios, recordándonos que cada decisión y cada actuación cotidiana construye o erosiona la confianza pública”, detalló la magistrada.
La ministra Chevesich concluyó señalando que parte de su tarea será fortalecer la confianza pública en los tribunales: “Recobrar y fortalecer la confianza pública nos impulsa, además, a revisar con sentido crítico aquellos ámbitos en que podemos intensificar nuestros esfuerzos. No basta con corregir conductas antijurídicas; debemos también asegurar una respuesta jurisdiccional oportuna y de calidad, pues la prontitud en la decisión es parte esencial del acceso efectivo a la justicia”.
“Ello explica los objetivos centrales trazados y que hoy reitero ante el país: el fortalecimiento de la probidad y la transparencia, recobrar la confianza y credibilidad en la justicia, la mejora en la oportunidad y calidad de la respuesta jurisdiccional, y el robustecimiento de los vínculos internos e interinstitucionales. Estos cuatro propósitos, articulados en un plan estratégico coherente y exigente, orienta nuestro trabajo presente y futuro. A esos propósitos estaremos dedicados con determinación, porque la administración de justicia pertenece a todas las personas, y a ellas debemos, en definitiva, nuestro esfuerzo permanente”, cerró la presidenta de la Corte Suprema.
