“Para abordar la situación concreta que ocurrió en este caso y también para evitar futuros hechos similares, se dispuso conformar una instancia técnica con el Ministerio de Justicia, con el Fiscal Nacional y con el Poder Judicial. Por lo tanto, en ese momento se van a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que ocurran estos hechos: tal vez un doble control, marcar las causas que dicen relación con el crimen organizado”, dijo la presidenta.
La presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, encabezó hoy – 15 de julio- una reunión con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, oportunidad en que anunciaron una mesa de trabajo para revisar los protocolos y comunicación entre las diferentes instituciones del sistema penal tras el caso del imputado Osmar Ferrer Ramírez.
Luego de la cita, que se realizó en el Palacio de Tribunales, la autoridad judicial estableció: “Realmente es una situación muy grave. En razón a lo anterior, nos hemos reunido con el Ministro de Justicia y con el Fiscal Nacional, y hemos llegado a la conclusión que ya lo que corresponde es iniciar las investigaciones administrativas, sumarias administrativas —que ya lo dispuso la Corte de Apelaciones de Santiago—, también investigar penalmente los hechos —que también lo dispuso la Corte de Apelaciones de Santiago”, explicó.
“Para abordar la situación concreta que ocurrió en este caso y también para evitar futuros hechos similares, se dispuso conformar una instancia técnica con el Ministerio de Justicia, con el Fiscal Nacional y con el Poder Judicial. Por lo tanto, en ese momento se van a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que ocurran estos hechos: tal vez un doble control, marcar las causas que dicen relación con el crimen organizado”, dijo la presidenta.
En tanto, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, definió que “se van a revisar todos los protocolos y todos los procesos de trabajo respecto al chequeo, contrachequeo, revisión de las órdenes que disponen la prisión preventiva y las libertades de imputados que están en situación de especial peligrosidad. Son comunicaciones que se producen hoy día entre los tribunales y Gendarmería. Nosotros vamos a participar en ese proceso de trabajo. Por supuesto, vamos a aportar toda la información que está disponible para poder contribuir a que ese proceso se perfeccione y que esté a la altura de los desafíos que hoy día enfrentamos como país”.
Por último, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, complementó los fines de la mesa de trabajo: “Vamos a formar una instancia de trabajo que nos permita enfrentar el desafío que es de comunicación entre los distintos órganos, para que se tomen todas las medidas en los casos de crimen organizado y podamos tener mejores medidas de control en este tipo de situaciones para que no ocurra que una persona que debe estar —ya sea cumpliendo una medida cautelar como es la prisión preventiva— salga sin que estén todos los medios de control entre las distintas autoridades. Para ello se va a disponer esta mesa de trabajo, con el efecto de perfeccionar nuestros sistemas de control en las distintas instancias y tener mejores mecanismos para combatir el crimen organizado”.
Las tres autoridades calificaron los hechos como «muy graves» y «preocupantes» y comprometieron la máxima diligencia para mejorar los sistemas de tramitación y comunicaciones interinstitucionales de la justicia penales para evitar que situaciones como estas se repitan.
