El presidente de la Corte Suprema compartió cuál es el sello que pretende imprimir: “Se ha dicho razonablemente que la justicia tardía, en realidad, no es justicia. Espero en esta presidencia mejorar sustancialmente nuestra respuesta en todo el espectro del Poder Judicial, pues la pretensión de una justicia eficiente, más que una expectativa ciudadana, es un derecho de toda persona que acude a los tribunales”.
En una solemne ceremonia realizada al mediodía de hoy -viernes 1 de marzo-, el presidente de la Corte Suprema, ministro Ricardo Blanco Herrera, dio por inaugurado el año judicial 2024. Acto que contó con la presencia de las máximas autoridades del país, encabezadas por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font; el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma Correa; el presidente (S) del Tribunal Constitucional, José Ignacio Vásquez Márquez; la contralora general (s) de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez; el fiscal nacional, Ángel Valencia Vásquez; el defensor nacional, Carlos Mora; el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, además del pleno de ministros del máximo tribunal y de la Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel; representantes de tribunales especiales y las Fuerzas Armadas y de Orden, entre otros invitados.
En su intervención, el presidente Ricardo Blanco invitó a valorar el rol que han desempeñado los tribunales de justicia en la historia republicana.
“Estos doscientos años de existencia, en que esta Corte ha sobrevivido a numerosos cambios sociales, políticos y de diversa índole y que casi coinciden con la edad de nuestra República, demuestran la importancia del papel que la justicia tiene en la historia del país, en un rol pacificador y decisorio de los conflictos jurídicos que aquejan a la sociedad”, sostuvo.
A continuación, la máxima autoridad del Poder Judicial entregó cifras e información sobre la actividad jurisdiccional desarrollada en el año judicial anterior.
“El año 2023 estuvo marcado por el alza de los ingresos de causas de tribunales de primera instancia que superó los 3 millones 106 mil causas, lo que implicó un aumento del 25,8% respecto del año 2022. En estos tribunales se puso fin a más de 2 millones 41 mil procesos, aumentando en un 4,1% respecto del año anterior. Las causas en tramitación alcanzan los 2 millones 795 mil, lo que representa un incremento de un 12,6% respecto del 2022”, dijo.
En tanto: “Los ingresos en la Corte Suprema superaron en un 47% a los del año 2022, aumentando de 171 mil a 252 mil. El incremento se produjo por las apelaciones de protección, que tuvieron un alza de un 51,4%. Las causas terminadas en esta Corte mostraron un crecimiento de un 65,7%, alcanzando más de 243 mil; mientras que las causas en tramitación, al 31 de diciembre de 2023, ascendieron a las 40 mil 300”, añadió.
Para el presidente Ricardo Blanco: “Con independencia de los esfuerzos para cumplir los mandatos legales, la Corte Suprema ha constatado la necesidad de asegurar la disponibilidad de recursos financieros, de infraestructura, humanos, de tecnología y de coordinación con las instituciones relacionadas para la debida ejecución de las leyes proyectadas, de manera de ajustar y cumplir las expectativas definidas al momento de reformar nuestro ordenamiento jurídico”.
“En cuanto a las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre 1973 y 1990, mil 289 de ellas se encontraban siendo investigadas en primera instancia al 31 de diciembre de 2023. Por su parte, ante las Cortes de Apelaciones del país, en la misma fecha, se contaba con 78 recursos pendientes y en la Corte Suprema un total de 87. Cabe destacar que durante el 2023 este último tribunal, a través de su Segunda Sala, falló un total de 95 causas penales y 57 civiles, cifra superior a las 35 penales y 17 civiles del año anterior”, informó.
Reformas
En su intervención, realizada en el Salón de Honor del Palacio de Tribunales, el presidente Ricardo Blanco abordó una materia relevante para el Poder Judicial y la administración de justicia nacional.
“No quiero dejar pasar esta ocasión para referirme, al igual que mis antecesores, a la necesidad de avanzar en las reformas que atañen al Poder Judicial y la administración de justicia y que aún se encuentran pendientes. Me refiero a la Reforma Procesal Civil, a un nuevo Código Penal, a un moderno sistema de ejecución de penas, a la unificación de los diversos procedimientos contencioso administrativos y a las reformas relativas al gobierno judicial”, detalló.
“En otra arista, aún existe la posibilidad de retomar el diálogo sobre las reformas al sistema de justicia y, en especial, al gobierno judicial, con el fin de separar la función jurisdiccional de las administrativas. Sería positivo contar con magistrados abocados principalmente a lo jurisdiccional, procurando las condiciones que aseguren la independencia de la judicatura, tal como la ha hecho presente el Pleno de esta Corte en ocasiones anteriores”, afirmó.
Asimismo, la autoridad judicial sostuvo que: “No tiene el juzgador el rol de impulsar el proceso penal, pues le corresponde resolver conforme al mérito del proceso, que en nuestro sistema se alimenta con lo que presenta el Ministerio Público y la defensa del requerido. Se trata de una labor en ocasiones poco comprendida, pero que tiene la virtud de fortalecer la democracia, pues no existe mayor tributo a ese concepto que fallar de acuerdo con lo que dicta la ley, con pleno respeto al debido proceso, resguardando con ello la legitimidad y eficacia del sistema de justicia penal”.
“A la preocupación general por la seguridad de la población, se debe añadir el deber de atender las medidas de protección necesarias para que los procesos judiciales se efectúen en condiciones adecuadas para todos los intervinientes. Por ello, nos encontramos desarrollando acciones dentro del Poder Judicial y fortaleciendo los vínculos interinstitucionales, particularmente, para las audiencias que se realizan en los Juzgados de Garantía y en los Tribunales del Juicio Oral en lo Penal”, relevó.
Al finalizar sus palabras, el nuevo presidente de la Corte Suprema compartió cuál es el sello que pretende imprimir a su gestión: “Se ha dicho razonablemente que la justicia tardía, en realidad, no es justicia. Por esa razón, la Corte Suprema en el año 2022 decidió adoptar un nuevo sistema de medición de los tiempos de tramitación de causas de sus distintas salas (…). Espero en esta presidencia mejorar sustancialmente nuestra respuesta en todo el espectro del Poder Judicial, pues la pretensión de una justicia eficiente, más que una expectativa ciudadana, es un derecho de toda persona que acude a los tribunales”.
“Desde hace varios años -ahondó- las acciones del Poder Judicial han estado encaminadas a profundizar nuestros mecanismos de transparencia. Este compromiso no se agota en la adopción de una normativa interna al respecto. El reto es mayor. Así, debemos fortalecer la transparencia con una mirada integral y sistémica de nuestra gestión, que incorpore los aprendizajes sobre esta materia, incluyendo, desde luego, las experiencias más recientes”.
“Identificado el punto en que nos encontramos en la actualidad, podremos redefinir las acciones adecuadas y necesarias para ser reconocidos por la sociedad como un órgano moderno, que soluciona con eficacia los asuntos sometidos a su conocimiento, con apego al ordenamiento jurídico y acceso universal y que la justicia que administramos sea valorada como de excelencia, proba, sobria, no discriminatoria, comprensible, oportuna y transparente. Con ello se fortalece el estado de derecho y la democracia y se contribuye a la paz social”, concluyó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera.
