Luego de una minuciosa investigación liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía, junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, fueron aclaradas un total de 50 estafas y otras defraudaciones, con un total similar de víctimas y montos involucrados que bordean los sesenta millones de pesos.
El imputado, propietario de la empresa, fue formalizado por ilícitos ocurridos entre 2019 y 2020, en el marco de lo cual el Ministerio Público solicitó su prisión preventiva. Esta medida cautelar fue finalmente decretada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, alegatos en los que participó la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Público.
Hasta la fecha, existió una orden de detención en contra del imputado, la cual fue decretada por el Tribunal de Alzada. Sin embargo hoy, se presentó voluntariamente ante el Juzgado de Garantía, tras lo cual fue trasladado hasta el Complejo Penitenciario de Coyhaique.
SERVICIOS NO CUMPLIDOS
“La Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Región de Aysén, levantó un foco investigativo denominado Carretera Austral, que consistía en una serie de estafas que afectaban a víctimas que contrataban los servicios de la empresa”, explicó la fiscal María Inés Núñez.
La persecutora penal añadió que esta empresa “ofrecía paquetes turísticos a las personas afectadas, donde se ofrecían estos servicios a través de correos electrónicos, página web y presencialmente”.
María Inés Núñez, junto con destacar el trabajo de la Bridec de la PDI y la Unidad de Análisis Criminal de SACFI, dijo que “una vez que las víctimas contrataban los servicios, efectuaban las transferencias bancarias, recibían un correo del imputado o de personas a su cargo, donde cancelaban sin motivo el servicio”.
ENGAÑO
“Las víctimas eran engañadas por el propietario de la empresa, quien sabía que no podía cumplir los servicios turísticos y muchas de ellas, las víctimas, llegaron a la región y se encontraban con que los servicios eran cancelados y debían poner de sus propios fondos para poder salir o hacer los traslados respectivos de avión u hospedajes”, precisó la fiscal del Ministerio Público.
El imputado fue formalizado el 7 de abril por 50 delitos. El Ministerio Público solicitó su prisión preventiva por considerar su libertad como peligrosa para la seguridad de la sociedad, sin embargo el Juzgado de Garantía decretó -en su momento- el arraigo regional. Atendido lo anterior, el Ministerio Público apeló ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, quien revocó el 13 de abril esta resolución y decretó la prisión preventiva del imputado.
“Este caso es relevante porque pone en peligro, la actividad normal que hacen muchas personas en la región con el turismo y también porque el Ministerio Público, a través de su Unidad de Análisis y Focos Investigativos, logra determinar este fenómeno delictual, esta serie de estafas. En definitiva, lograr la persecución penal de esta persona”, concluyó la fiscal de Focos de SACFI, María Inés Núñez Briso.
En este caso, existe una audiencia de revisión de cautelares del imputado, fijada para el viernes 29 de abril.
