El Séptimo Juzgado de Garantía acogió a trámite y remitió a Fiscalía la querella interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón en contra de la Ministra de Transportes, Gloria Hutt, y en contra de todos los demás que resulten responsables del delito de denegación o retardo de servicio, contemplado en el Artículo 256 del Código Penal.
Lo anterior, con motivo del colapso del transporte público durante el pasado domingo 19, día de la segunda vuelta de la elección presidencial.
Según Rendón «Lo ocurrido en materia de transporte fue de una tremenda gravedad y sin duda causó un daño a la participación electoral. Pese a que esta tuvo un aumento en relación a primera vuelta, debió ser mucho mayor si la ciudadanía hubiese contado con una provisión de transporte adecuada. Este daño fue mitigado en parte por la actitud solidaria de la misma ciudadanía y por algunos alcaldes que contribuyeron con vehículos municipales al traslado de personas a sus locales de votación. Pero la responsabilidad del Gobierno es innegable y no puede descartarse incluso una operación, atendido que la mayor participación en las zonas urbanas favorecía previsiblemente al candidato opositor. La investigación de Fiscalía deberá ahondar justamente en ese punto. Lo concreto es que las autoridades gubernamentales no solamente no cumplieron con su deber de provisión y de fiscalización oportuna en una fecha tan relevante, sino que incluso, como fue el caso del Subsecretario Galli, trataron de descalificar las denuncias acerca de lo que ocurría, calificándolas de «fake news» y acusaron de «acarreo» a quienes trataban de cooperar. Gracias a la responsabilidad y solidaridad ciudadana el daño no fue mayúsculo, pero se pudo haber enturbiado y deslegitimado irremediablemente el proceso electoral, con consecuencias imprevisibles. Nada de eso puede quedar sin esclarecer mediante una investigación independiente. Espero que Fiscalía cumpla ahora con su deber rigurosamente».
