Egresados de la universidad Arturo Prat, solicitaron al Presidente de la República no dar curso al nombramiento como rector de un académico que se encuentra investigado por la fiscalía. Se trata de Alberto Martínez, Decano de la Facultad de Ingeniería quien según una querella que investiga la Fiscalía de la Región de Tarapacá, está implicado en una red profesores que se apropiaban de la tesis de los alumnos y las publicaban en medios científicos como propias. Los hechos que sindican al electo rector como líder de esta organización, son parte de otras investigaciones que paralelamente lleva la Superintendencia de Educación Superior y la propia universidad a través de un sumario. Igualmente, los antecedentes fueron presentados a la Contraloría General de La República. Por su parte la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados ofició a los organismos pertinentes solicitando todos los antecedentes.
“Hacemos un llamado al Presidente de la República y a la Ministra de Educación para que no den curso al nombramiento de esta persona como rector de la Universidad Arturo Prat, hasta que la justicia establezca su participación en los hechos”, Indicó el ex alumno y actual ingeniero; Wilibaldo Saavedra, quien además agregó que “sería un muy mal precedente en la historia de las universidades públicas, que sea nombrado un rector investigado por un tema tan delicado como emblemático en el mundo académico como es la apropiación de la propiedad intelectual”.
Sebastián Cortéz, Ingeniero y también afectado por el robo intelectual en la Universidad Arturo Prat, señaló que “se detectaron varias investigaciones publicadas en medios científicos, en donde el verdadero autor, se omite o se relega a un segundo lugar. Lo más curioso es que estos académicos y en especial el cuestionado rector figuran como autores de varias publicaciones en un periodo de tiempo que resulta casi imposible de ser efectivo a menos que no durmieran durante un año”.
En el marco de las investigaciones preliminares que se estamparon en la querella, se menciona la creación una falsa organización, sin ninguna existencia legal, la que estaba destinada a recepcionar los trabajos de investigación y publicarlos.
Contraloría General de La República.
Los afectados también recurrieron a la Contraloría General de La República, a fin de resguardar el sumario que realiza la universidad. En caso que el presidente Piñera firmara el decreto de nombramiento, el sumario administrativo que se realiza en la universidad se verá seriamente afectado, ya que ahora la rectoría seria juez y parte.
En los próximos días se espera que el Ministerio Público de curso a las diligencias investigativas tendientes a detectar el destino de publicaciones científicas y otro delitos asociados a la temática de la propiedad intelectual.
