De acuerdo a las cifras entregadas por el Defensor Nacional Carlos Mora Jano, durante su Cuenta Pública, de las 21.833 personas que estuvieron privadas de libertad durante la investigación penal en su contra, sólo a 8.245 se les impuso una pena de cumplimiento efectivo, lo que corresponde a un 37, 8 por ciento del total.
• “Como Defensoría Penal Pública hemos insistido constantemente en que el abuso de esta medida puede convertirse en una condena anticipada para miles de personas que -eventualmente- terminarán sentenciadas a penas no privativas de libertad o que no recibirán ningún castigo por ser absueltas de todo cargo”, dijo el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, durante la rendición de su Cuenta Pública Participativa.
El Defensor Nacional Carlos Mora Jano, rindió este miércoles cuenta pública de la gestión institucional 2023, instancia en la fue crítico respecto al aumento sostenido de la prisión preventiva y el abuso de su aplicación como medida cautelar.
Según detalló, de acuerdo a las cifras de la Defensoría Penal Pública, durante el año 2023, de las 21.833 personas que estuvieron privadas de libertad durante la investigación penal en su contra, sólo a 8.245 se les impuso una pena de cárcel, lo que corresponde a un 37, 8 por ciento del total.
“¿Fue necesaria la aplicación de la medida más gravosa para el 62,2% restante?”, cuestionó Mora Jano, agregando que “lamentablemente, el uso y abuso de la aplicación de la prisión preventiva sigue en aumento y ha decantado en el hacinamiento carcelario y en la imposibilidad de las instituciones para poder abordar –debidamente- el fenómeno de la criminalidad”.
Asimismo, afirmó que, en el caso de los menores de 18 años, “de los 1.352 adolescentes que fueron atendidos por defensores penales públicos y respecto de los cuales se les aplicó la internación provisoria, solo a 329 se les otorgó una condena privativa de libertad, lo que corresponde a un 27,3 por ciento. Es decir, al 72,7 por ciento de dichos jóvenes, o no se le condenó o fueron sentenciados a una pena en libertad o menos gravosa que la internación total”.
“Como Defensoría Penal Pública hemos insistido constantemente en que el abuso de esta medida puede convertirse en una condena anticipada para miles de personas que -eventualmente- terminarán sentenciadas a penas no privativas de libertad o que no recibirán ningún castigo por ser absueltas de todo cargo”, enfatizó al respecto el abogado.
En la misma línea, el Defensor Nacional reveló que durante el año pasado, la prisión preventiva se decretó en el 9 por ciento de las causas ingresadas al servicio, es decir, a 25.431 personas a nivel nacional.
Respecto a los imputados que el año pasado estuvieron privados de libertad y posteriormente fueron declarados inocentes o no condenados -ya sea a través de absoluciones, sobreseimientos o por la facultad que tiene el Ministerio Público de no perseverar en la investigación- Mora Jano señaló que se trató de 2.007 personas, mencionando que ese número se eleva a más de casi 40 mil desde la creación de la reforma procesal penal.
Y destacó el Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, que en 2023 conmemoró 10 años desde su creación y a través del cual se busca visibilizar y representar –públicamente- los errores sufridos por personas que han estado en la cárcel sin ser culpables.
“Como Defensoría Penal Pública, continuaremos trabajando para velar por la presunción de inocencia y por el derecho que tiene cada persona a una defensa penal de calidad y una resolución justa”, insistió el Defensor Nacional, recalcando que “es fundamental avanzar en estas materias para que el sistema de justicia criminal sea consistente con el desarrollo de los estándares de derecho internacional de los derechos humanos, y garantice el respeto al debido proceso en materia de persecución”.
