Este viernes, el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, junto al Coronel Miguel Calderón de la prefectura OS-10 de Carabineros, encabezó un operativo de fiscalización en distintas instituciones del centro de Santiago, a fin de verificar en terreno si los guardias y vigilantes privados cumplen con la norma y están debidamente certificados.
El procedimiento tuvo lugar en el Paseo Huérfanos y varias calles aledañas, e incluyó la revisión de los equipos de seguridad privada en entidades bancarias, empresas de diferentes rubros e instituciones públicas.
Entre los principales objetivos de la fiscalización se encuentra verificar que los vigilantes privados, quienes por ley tienen la facultad de portar armas, tengan su credencial ubicada de forma correcta a fin de poder chequear su identidad. Además, se corrobora el estado del armamento del que disponen y se revisa el plan de seguridad de la institución privada, con énfasis en el cantidad y calidad de las armas que poseen para realizar el servicio.
Asimismo, se comprueba si la alarma de la seguridad está directamente conectada con Carabineros, si las cámaras de televigilancia funcionan y están desplegadas de manera correcta, y si se han aplicado medidas de seguridad adicionales, sobre todo en las sucursales bancarias.
El Subsecretario Vergara resaltó el importante rol que juega la seguridad privada y los esfuerzos que ha realizado Carabineros para asegurar su correcto funcionamiento. “Carabineros de Chile, solo en el año 2022, llevó adelante 17.800 fiscalizaciones a entidades privadas. El 40% de ellas resultaron en infracciones, notificaciones o multas. ¿Por qué esto es importante? Porque la seguridad privada juega un rol complementario y como ayudante de la seguridad pública”, dijo.
La autoridad también destacó las fuerzas de tarea público-privadas que está encabezando la Subsecretaría de Prevención del Delito para fortalecer la seguridad de diferentes sectores privados, entre ellos, los bancos y centros comerciales. Asimismo destacó que estos esfuerzos se enmarcan en la creación de una nueva Ley de Seguridad Privada, que actualmente se discute en el Congreso Nacional.
“Lamentablemente hasta ahora nos regulamos en base a decretos instructivos y necesitamos una ley robusta. Al ser parte del compromiso por la seguridad, hay un apoyo transversal que nos ha permitido avanzar. Estamos haciendo cambios significativos en, por ejemplo, las entidades obligadas. Ya no tendremos dos categorías de entidades obligadas, sino que tenemos una amplia categoría de entidades obligadas donde existirán distintas medidas de seguridad y cada institución tendrá que adecuarse con más flexibilidad”, explicó.
A su vez, el Coronel Calderón de la Prefectura de Seguridad Privada OS-10 de Carabineros subrayó que estos procesos de fiscalización se realizan diariamente para verificar las condiciones de seguridad de diferentes instituciones privadas. “El OS-10 tiene la tutela de la seguridad privada en el país y en el marco de las acciones asociadas a la formulación de una nueva Ley de Seguridad Privada, la Subsecretaría de Prevención del Delito se acercó a nosotros para participar de un proceso de fiscalización, para ver en terreno los procesos que se fiscalizan en terreno”, puntualizó.
Además de redefinir los requisitos de las entidades obligadas, el proyecto de Ley de Seguridad Privada contempla fortalecer la regulación de los espectáculos masivos y crear un nuevo mecanismo de certificación, que mejore la especialización de los vigilantes privados armados, según la labor que necesiten realizar.
