El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica comenzó hoy la audiencia de juicio oral en contra de Rodrigo Medina Pavez, acusado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de apropiación indebida. Ilícito cometido entre los años 2012 y 2016, en la ciudad.
En la primera jornada del juicio (72-2023), el tribunal –integrado por los magistrados Eduardo Rodríguez Muñoz (presidente), Héctor Gutiérrez Massardo (redactor) y Óscar Huenchual– leyó la acusación fiscal y luego dio paso a los alegatos de apertura de las partes en modalidad semipresencial, con los magistrados, la defensa y los abogados querellantes en la sala del tribunal y el fiscal conectado a través de la plataforma Zoom.
Según se informó, el juicio oral se extenderá hasta el mes de septiembre, producto de las 936 personas citadas en calidad de testigos presentados tanto por el ente persecutor, los querellantes y la defensa del acusado. Es por ello que el primer día del juicio se observó una larga fila en el frontis del edificio del TOP de Arica con los testigos que a primera hora acudieron al tribunal.
Para este juicio, la administradora del tribunal, Luz Benítez, encabezó reuniones con representantes de la Fiscalía Regional y la Defensoría Penal Pública, de tal manera de coordinar el trabajo durante el periodo que dure el juicio oral.
Según la acusación fiscal, el año 2012 los pobladores del Campamento Coraceros de Arica se asociaron con la finalidad de obtener una solución a su problema habitacional. En ese contexto, Medina Pavez se ofreció para colaborar en este proceso y se presentó como experto en materia de gestión de empresas y cooperativas.
Simultáneamente, un grupo de pobladores de Putre que también deseaban obtener solución habitacional fueron contactados por Medina para que se unieran a la cooperativa que estaba formando.
Así, cada socio tuvo que cancelar cuota de inscripción inicial de $36.000 y cuotas mensuales de $36.000 por concepto de “ahorro cooperativo” que serían destinados a gastos de carácter administrativo como arriendo de oficinas y pagos de secretarias, entre otros gastos.
Según la Fiscalía, Medina retiró recursos sin conocimiento de los asociados, montos que bordeaban los 400 millones de pesos.
